En cuatro años se pueden reparar todas las escuelas públicas del país

Un estudio de Hacienda basado en datos oficiales del MEC prueba que el país cuenta con fondos suficientes para hacerlo, basta con reordenar la distribución de recursos a gobernaciones y municipios.


 

El Estado puede completar la construcción y reparación de todas las escuelas y colegios del país en apenas cuatro años si utiliza correctamente los fondos asignados para ese fin en la ley del Fonacide, según concluye un estudio realizado por Hacienda basado en datos oficiales del Ministerio de Educación y Cultura.

La Unidad de Economía Social del Ministerio de Hacienda tomó los registros de Educación sobre la totalidad de escuelas y colegios públicos distribuidos en todo el país, sus requerimientos de reparación o construcción de aulas, oficinas, baños, bibliotecas y otras obras de infraestructura; analizó los costos de acuerdo con los precios que registra el propio MEC, le sumó gastos adicionales dependiendo de las características de cada región y concluyó que para completar la tarea se necesitará de una inversión aproximada de 276 millones de dólares.

Pese a que la suma representa casi el 25 por ciento de todo el presupuesto del MEC (de unos 1.140 millones de dólares), en el estudio se afirma que todas las obras pueden estar terminadas en un periodo no mayor de cuatro años.

Los técnicos explican que los recursos necesarios existen y que solo es necesario hacer algunas correcciones para garantizar los resultados. Se refieren a los recursos asignados para ese fin por el Fondo Nacional de Inversión y Desarrollo (Fonacide).

La ley del Fonacide reglamenta el uso de los recursos financieros que Brasil le paga al Paraguay en compensación por la cesión de su energía en Itaipú. Un cuarto de ese dinero se destina a gobernaciones y municipios, los cuales están obligados por la misma ley a invertir la mitad de lo que reciben en la infraestructura del sistema educativo.

Según esta distribución, Fonacide aporta cada año un promedio de 63 millones de dólares para refaccionar o construir infraestructura de locales educativos. Así, siempre según el análisis de los técnicos del propio Estado, el problema no es la falta de recursos sino la forma como estos se distribuyen y gastan.

La distorsión. Ocurre que el decreto que reglamenta la ley del Fonacide estableció que el dinero para reparar o construir infraestructura escolar se distribuyera conforme una ley anterior que determina el reparto de royalties de Itaipú, recursos que recibe el país en pago por el uso de las aguas del Paraná y cuya distribución se basa en el nivel de afectación que tuvo la construcción de la hidroeléctrica para cada gobernación y municipio.

Esta equiparación equivocada de los royalties con los pagos de compensación por cesión de energía hace que la cantidad de dinero que recibe cada municipio o gobernación del Fonacide no dependa de cuántas aulas, escuelas o colegios deba reparar o construir, sino de cuan cerca está de la hidroeléctrica.

Los técnicos cruzaron dos datos claves para medir la eficiencia de la inversión distribuida de acuerdo con este modelo: el monto que recibe cada región y sus necesidades en materia de infraestructura, necesidades cuantificables merced a los registros de micro planificación del propio Ministerio de Educación, actualizados a diciembre de 2012.

Los resultados son lamentables. El mapa de la izquierda que incluye ambas variables muestra que hoy reciben más dinero (hasta 14 mil millones de guaraníes) las regiones que menos necesitan, y menos dinero (por debajo de los 750 millones) las regiones que más necesitan.

La corrección. Para corregir esta mala distribución de los fondos, los técnicos de la Unidad de Economía Social del Ministerio de Hacienda realizaron una serie de cálculos basados en la situación de escuelas y colegios (de acuerdo con lo que registra la dirección de planificación del MEC). Sobre la cantidad de alumnos que tiene cada entidad y los costos de refacción, construcción y equipamiento que aparecen en el listado de precios de referencia de la dirección de infraestructura del MEC.

Luego, sobre esa base, trazaron un plan de inversión de cuatro años priorizando la refacción y construcción de aulas y baños.

Aplicando este nuevo método de distribución de los recursos, los técnicos volvieron a cruzar las variables de recursos recibidos con las necesidades actuales y se encontraron con un resultado por mucho superior al reparto actual. Es lo que se puede observar en el mapa de la derecha.

Así, de acuerdo con este estudio, con una modificación de la ley del Fonacide limitada exclusivamente a la distribución de los recursos a gobernaciones y municipios, permitiendo que esta se haga de acuerdo con los datos técnicos del MEC y el plan de inversión que propone Hacienda, para fines del 2016 no debería existir ya en el país una sola escuela o colegio público con problemas de infraestructura.

 

Fuente: Ultima Hora