Tras una fuerte presión que mantuvo con legisladores de la oposición, el presidente Horacio Cartes finalmente se vio obligado a blanquear la colaboración de sus asesores que realizan trabajos ad honórem en la presidencia de la República.

A través del decreto N° 1265, el mandatario oficializó a 7 asesores económicos. Entre ellos están Carlos Rubén Cañete Tarman, Osvaldo Gane Salúm Penayo, Luis Gerónimo Ramírez Zaracho y Gustavo Epifanio Galeano Ozuna.

También regularizó la situación de su colaborador Juan Carlos López y de Francisco Barriocanal Jiménez Gaona. La mayoría de ellos son gerentes y colaboradores de sus empresas privadas, entre ellos la fábrica de gaseosas Pulp.

Mientras tanto, Hugo Alberto Correa Oheler fue oficializado como asesor en Tecnologías de la Información y Comunicación. El decreto no menciona a José Ortiz, uno de los brazos derechos de Cartes y que suele asistir a reuniones de ministros.

El cuestionamiento de los legisladores surgió luego de que se dio a conocer que varios de los gerentes de Cartes participan de las reuniones del Consejo de Ministros, del equipo energético y de otras discusiones a nivel de Estado, ya sea en Palacio de Gobierno o en Mburuvicha Róga.

La Comisión Permanente resolvió un pedido de informe al Ejecutivo sobre sus asesores que tienen acceso a información pública. Entre los principales impulsores del pedido estuvo la senadora Desirée Masi, quien exigió la nómina, así como la formación académica de los mismos.

solo dos. Cartes respondió a la Comisión Permanente, pero solamente mencionó dos nombres. Se trata del empresario Óscar Vicente Scavone Rivas, quien figura como asesor económico y del área comercial. Asimismo, mencionó a Rosa María Giagni de Scavone como asesora jurídica.

Este informe no convenció a los legisladores de la oposición, quienes no bajaron el tono de sus críticas al hermetismo con el que se maneja Cartes.

El Ejecutivo se valió del artículo 27 del decreto 8.800/12 que habla de la reorganización del Gabinete Civil de la Presidencia de la República que señala que el presidente podrá disponer directamente de los asesores que estime pertinentes.

en defensa. El jefe de Estado defendió tajantemente a sus asesores ad honórem y dijo que ninguno de ellos cobra por su trabajo. Aseguró que no habrá ninguna denuncia de hechos de corrupción o tráfico de influencias contra sus colaboradores.

Ni bien declaró el mandatario, empezaron a surgir algunas denuncias. Una de ellas fue contra el abogado el empresario Fernando Talavera, quien asesoró en el tema de Acepar. Otra acusación de supuesto tráfico de influencia fue contra el secretario general Juan Carlos López Moreira, a quien involucran en una licitación amañada en la Industria Nacional de Cemento.

Fuente: Ultima Hora