La Cámara de Diputados dejó firme este miércoles el veto del presidente Santiago Peña al proyecto de ley que pretendía transferir la administración del programa Hambre Cero en los departamentos de Concepción y Alto Paraná al Ministerio de Desarrollo Social (MDS). Con esta decisión, la gestión de los multimillonarios recursos de la alimentación escolar permanecerá bajo la órbita directa de las gobernaciones, un movimiento que vuelve a poner en la balanza el peso de los acuerdos políticos territoriales frente a la centralización de las políticas públicas.
El proyecto original buscaba retirar de las manos subnacionales el manejo del presupuesto para el almuerzo y la merienda escolar en dos de los distritos con mayor caudal electoral y requerimiento presupuestario del país. Sin embargo, la objeción total formulada por el Poder Ejecutivo fue respaldada por el bloque legislativo, sepultando la iniciativa y devolviendo la plena ejecución de los contratos a los gobiernos departamentales.
Centralizar o descentralizar: la eterna tensión de la caja
La disputa por quién maneja el presupuesto de la alimentación escolar no es una mera discusión técnica sobre eficiencia administrativa. Es, en esencia, la definición del control territorial de los recursos estatales. Al momento de la creación de Hambre Cero, el Gobierno central argumentó la necesidad de transparentar y optimizar la provisión de alimentos, concentrando las compras en el Ministerio de Desarrollo Social para evitar las históricas irregularidades detectadas en las ejecuciones regionales.
Sin embargo, la excepción ratificada para Concepción y Alto Paraná evidencia los límites del discurso recentralizador cuando este choca contra la realidad del poder político local. ¿Hasta qué punto la eficiencia técnica puede competir con los compromisos asumidos con los gobernadores? La decisión del presidente Santiago Peña de vetar la transferencia de estos fondos y la posterior ratificación en Diputados confirman que la caja de la alimentación escolar sigue siendo un elemento de negociación y sostén en la arquitectura de gobernabilidad del oficialismo.
Las implicancias de una gestión bajo la lupa
El argumento a favor de mantener los fondos en las gobernaciones apela a la descentralización y a la cercanía de las autoridades locales con las necesidades de cada comunidad. Sin embargo, la ciudadanía mide el éxito de esta decisión bajo un parámetro mucho más simple y cotidiano: si el plato de comida llega en tiempo, forma y con la calidad requerida a las aulas.
La Cámara Baja respaldó el veto del presidente Santiago Peña a un proyecto que originalmente pretendía trasladar al Ministerio de Desarrollo Social la administración del programa de alimentación escolar en Concepción y Alto Paraná.
El traslado de estos rubros al MDS buscaba uniformar los criterios de licitación y control. Al quedar nuevamente los procedimientos licitatorios e institucionales en manos de los gobiernos departamentales de Concepción y Alto Paraná, la responsabilidad política y administrativa recae de manera exclusiva en las administraciones regionales. Serán estas entidades las que deban demostrar que la retención del presupuesto se traduce en un servicio eficiente y libre de las sombras de direccionamiento o sobrefacturación que afectaron al sistema en el pasado.
La ratificación del veto presidencial cierra el debate parlamentario pero deja abierta la interrogante de fondo: si la retención de estos recursos responde a un verdadero modelo de desarrollo descentralizado o simplemente a la preservación de cuotas de poder indispensables para mantener alineadas a las estructuras regionales.