El informe de Situación Financiera (Situfin) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) al cierre del tercer trimestre de 2026 expone una brecha de fondo en la gestión de los recursos públicos: las cuentas del Estado se deterioran a un ritmo significativamente superior al de la recaudación. Entre enero y septiembre de este año, la Administración Central acumuló un saldo negativo de G. 7,82 billones —unos US$ 1.257,8 millones—, cifra que sitúa el déficit fiscal en el 2% del Producto Interno Bruto (PIB). El resultado no responde a una caída drástica de la actividad económica, sino a una rigidez estructural donde los gastos estatales crecen a doble dígito mientras los ingresos apenas se mueven.
En el periodo analizado, los ingresos totales del Fisco pasaron de G. 40,39 billones a G. 41,03 billones, lo que representa un modesto incremento del 1,6% (G. 642.000 millones más). En contrapartida, las erogaciones totales saltaron de G. 39,42 billones a G. 43,86 billones, marcando una expansión del 11,2%. Esta asimetría de más de nueve puntos porcentuales desalinea el comportamiento fiscal de la trayectoria macroeconómica general, planteando una interrogante inevitable: ¿por qué la mayor dinámica de la producción no se traduce en solvencia para la caja pública?
Estructura de ingresos: tributos internos al alza y caídas en comercio exterior y binacionales
El comportamiento de los recursos estatales muestra fuerzas contrapuestas. La recaudación impositiva creció un 2,4%, alcanzando G. 32,40 billones. No obstante, al analizar la composición de los tributos se observa que el dinamismo proviene de la economía interna: los impuestos locales aumentaron un 10,9%, impulsados principalmente por el Impuesto a la Renta Empresarial (IRE) —que aportó 4,9 puntos porcentuales al incremento—, el Impuesto al Valor Agregado (IVA), con un aporte de 4,1 puntos, y el Impuesto a los Dividendos y Utilidades (IDU), con 1,8 puntos.
Por el contrario, los ingresos gravados sobre el comercio exterior retrocedieron un 11%, afectados por la dinámica del IVA de importación y las tarifas arancelarias. A esto se suma el menor flujo proveniente de los recursos no tributarios, que cayeron un 1,3% para ubicarse en G. 8,64 billones. Esta retracción se explica en gran medida por la disminución de los aportes de las entidades binacionales, que en conjunto cayeron un 17,3% (pasando de G. 2,75 billones a G. 2,28 billones).
Dentro del rubro energético, el desempeño de las represas fue dispar. Mientras las transferencias de Itaipú sufrieron una reducción del 25,9% —al bajar de G. 2,50 billones a G. 1,85 billones—, los recursos ingresados desde Yacyretá treparon un 66,7%, totalizando G. 429.000 millones. Pese al repunte de la hidroeléctrica del sur, la caída de Itaipú condicionó el saldo global, contrarrestando los incrementos observados en las contribuciones sociales (que subieron un 18,7%, hasta G. 3,01 billones) y en el cobro de tasas y multas (10,6%).
Erogaciones en expansión y el costo de los servicios personales
Del lado del gasto, las presiones se manifestaron en diversas áreas de la administración gubernamental. Los desembolsos destinados a salud, educación, seguridad y programas sociales sumaron G. 33,07 billones, implicando un alza del 13,4% con respecto al mismo periodo de 2025. Un factor determinante en este incremento fue el programa de alimentación escolar, cuya ejecución financiera ascendió de G. 481.000 millones a G. 893.000 millones, lo que representa un salto del 85,5%.
Las prestaciones sociales consolidadas aumentaron un 14,9%, situándose en G. 8,91 billones. A su interior, el pago de jubilaciones y pensiones absorbió G. 4,90 billones (un 9,6% más), el programa de pensión para adultos mayores insumió G. 2,40 billones (un 14,3% de aumento) y la iniciativa Tekoporã requirió G. 415.000 millones (un alza del 0,9%). Asimismo, la adquisición de medicamentos alcanzó los G. 2,37 billones, reflejando una variación positiva del 21,2%, condicionada según el MEF por la regularización de compromisos pendientes de ejercicios anteriores.
Un indicador clave sobre la rigidez de la estructura fiscal es la absorción de recursos impositivos para el pago de salarios públicos. En los primeros nueve meses de 2026, la Administración Central destina G. 54,20 de cada G. 100 recaudados en impuestos a financiar servicios personales. En el mismo lapso del año previo, dicha proporción era del 51,6%, marcando un endurecimiento en la rigidez del gasto corriente.
Inversión de capital y proyecciones de cierre
A pesar del contexto fiscal ajustado, la inversión pública mantuvo un comportamiento expansivo. La ejecución de obras e infraestructura pasó de G. 4,27 billones a G. 5 billones, lo que significa un aumento del 17,1% interanual y eleva su peso del 1,1% al 1,3% del PIB. Este impulso estuvo concentrado en la gestión del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), que incrementó sus desembolsos un 39,4% (alcanzando G. 3,36 billones), mientras que la inversión ejecutada por el resto de las entidades estatales consolidadas cayó de G. 1,86 billones a G. 1,64 billones.
El balance primario o resultado operativo —que mide la diferencia entre ingresos y gastos antes de computar la inversión física— pasó de un superávit del 0,3% del PIB en 2025 a un déficit del 0,7% del PIB en 2026, equivalente a G. 2,82 billones (US$ 450,5 millones). Al adicionar la masa de inversiones, la brecha global trepa al 2% del producto en lo que va del año.
Bajo la medición anualizada de doce meses móviles, el saldo negativo del Fisco se ubicó en G. 12 billones, un 3% del PIB. Con estos guarismos, las estimaciones oficiales del Ministerio de Economía anticipan un cierre de ejercicio fiscal con un déficit proyectado del 3,2% del PIB para el cierre de 2026.
El escenario macroeconómico general muestra holgura: el Banco Central del Paraguay (BCP) ajustó al alza su previsión de crecimiento del PIB de un 4,5% a un 5%, la inflación interanual permanece contenida en 1,7% y el tipo de cambio cerró en G. 5.922 por dólar. Sin embargo, la brecha persistente entre el ritmo de la recaudación tributaria (2,4%) y la aceleración del gasto total (11,2%) evidencia que la expansión del producto no garantiza de forma automática la disciplina de las cuentas públicas. La convergencia fiscal dependerá, en última instancia, de la capacidad real del Estado para contener el gasto corriente en el tramo final del año.