El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó ante la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso su proyecto para el ejercicio fiscal 2027. La cifra global muestra una contracción ligera del 0,67% en comparación con el plan vigente, al fijar un techo de G. 28 billones. Sin embargo, detrás de ese número frío y aparentemente austero se esconde una paradoja administrativa: mientras el presupuesto general de la cartera se reduce, los fondos destinados exclusivamente al funcionamiento operativo de la institución crecen un 8,3%, pasando de G. 518.000 millones a G. 561.000 millones. ¿Cómo se explica que la entidad encargada de velar por el rigor fiscal amplíe su propia caja operativa mientras recorta transferencias a otros sectores?
Para entender la estructura de la máxima cartera económica hay que mirar el reparto interno. El titular del MEF, Óscar Lovera, argumentó ante los legisladores que el 98% de la caja que administra el ministerio no se queda en la casa, sino que está comprometida de antemano para pagar obligaciones del Estado paraguayo y atender el servicio de la deuda pública. El 2% restante es lo que verdaderamente utiliza la institución para moverse día a día. De ese presupuesto operativo previsto para 2027, la rigidez sigue siendo la norma: el 38% se destinará al pago de servicios personales (sueldos y contratados) y el 26% a servicios no personales.
Jubilaciones al alza y el alivio temporal del dólar
El verdadero peso de la gestión financiera del Estado recae sobre compromisos rígidos que siguen presionando el erario. Entre los números expuestos por la cartera económica resalta un incremento del 19% en los recursos asignados al pago de jubilaciones y pensiones de la Caja Fiscal, un sistema que actualmente cubre a unos 74.000 beneficiarios directos y a cerca de 12.500 beneficiarios del régimen no contributivo y pensiones especiales. Este aumento constante en el sistema previsional estatal expone, una vez más, las costuras de un modelo que requiere reformas de fondo antes de que absorba un porcentaje insostenible de los ingresos corrientes.
En la otra cara de la moneda, las transferencias del Gobierno central a las gobernaciones y municipios sufrirán una tijera del 5%. En tanto, la partida orientada al servicio de la deuda pública presenta una disminución del 4%. Según explicó el ministro Lovera, esta contracción en la deuda no responde a un desendeudamiento mágico del Fisco, sino a la coyuntura cambiaria: la apreciación del guaraní frente al dólar abarata temporalmente el pago de los compromisos denominados en moneda extranjera. Es un respiro técnico y coyuntural, no una reducción estructural de los pasivos del país.
A esto se suma la pesada carga de las deudas flotantes del Estado. El proyecto del MEF para 2027 debe incorporar previsiones financieras para calzar los atrasos acumulados con proveedores clave del sector privado, principalmente empresas constructoras e insumos farmacéuticos de los ministerios de Obras Públicas y Salud Pública. El saneamiento de esta cadena de pagos es crucial para no paralizar obras ni desabastecer hospitales, pero condiciona severamente la flexibilidad de las cuentas públicas.
Digitalización y control: promesas que exigen resultados
Para justificar la necesidad de mayores recursos informáticos y administrativos, el MEF apostó a mostrar avances en la digitalización de la burocracia. Durante la audiencia se destacó la puesta en marcha del Sistema de Gestión de Bienes y Servicios (SIGEBYS), una plataforma pensada para rastrear en tiempo real las compras, la ejecución de contratos y los compromisos de pago asumidos por las distintas dependencias estatales con los proveedores del sector privado.
El diagnóstico oficial es acertado: la falta de registros oportunos ha sido históricamente la brecha por donde se filtran las deudas administrativas sin control y las contrataciones irregulares. Sin embargo, en la administración pública paraguaya las herramientas informáticas valen tanto como la voluntad política de aplicar sus alertas. El SIGEBYS y la consolidación del Sistema Integrado de Administración de los Registros Administrativos (SIARA) —que ya suma 27.342 personas jurídicas registradas, incluyendo a organizaciones sin fines de lucro— serán útiles solo si sirven para frenar el gasto superfluo y no para convertirse en meras ventanillas de tramitación digital.
En la misma línea de gestión institucional, la cartera económica reportó la asistencia técnica a 80 municipios para la elaboración de sus Planes de Ordenamiento Urbano y Territorial (POUT) —con 49 planes aprobados y 17 pendientes en juntas municipales—, además de la realización de 776 procesos concursales y la capacitación de 23.800 servidores públicos a través del Instituto Nacional de la Administración Pública del Paraguay (INAPP).
Las cifras de capacitación y nuevos sistemas lucen bien en las diapositivas presupuestarias. Sin embargo, la ciudadanía y el sector contribuyente miden la eficiencia de la economía con otra vara: la calidad del gasto, la transparencia en el uso de los impuestos y la previsibilidad de las finanzas del país. Elevar el gasto operativo de la cartera que exige austeridad a las demás instituciones impone una responsabilidad doble. El desafío para el año 2027 no será únicamente balancear la planilla de ingresos y egresos, sino demostrar que mayor presupuesto administrativo se traduce, efectivamente, en un Estado más ágil, austero y transparente.