Santiago Peña defiende el acuerdo tecnológico con Estados Unidos ante críticas por el uso de energía de Itaipú

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El presidente de la República, Santiago Peña, salió al paso de los cuestionamientos sobre el destino de la energía hidroeléctrica paraguaya y defendió la alianza tecnológica impulsada con Estados Unidos. La postura oficial surge en medio de un debate creciente sobre la conveniencia de destinar bloques sustanciales de la producción de Itaipú al funcionamiento de centros de datos y proyectos de infraestructura vinculados a la inteligencia artificial.

Estrategia de desarrollo vs. soberanía energética

El núcleo de la discusión gira en torno al modelo de desarrollo que el Gobierno busca concretar a partir del excedente energético. Desde la administración central se argumenta que la atracción de inversiones en tecnología de vanguardia posiciona al país en el mapa global de la economía digital. Sin embargo, diversos analistas del sector energético y sectores de la oposición sostienen que la prioridad estratégica debería ser el empleo intensivo de esa electricidad para la industrialización local, la generación de puestos de trabajo directos y el fortalecimiento de la red de distribución nacional.

La instalación de granjas de datos e infraestructura para inteligencia artificial requiere un consumo intensivo y continuo de potencia, pero ofrece una tasa de empleo directo relativamente baja en comparación con la industria manufacturera tradicional. Esta asimetría es uno de los puntos centrales que generan dudas sobre el retorno real que estas inversiones dejarán al fisco y a la ciudadanía.

Las implicancias del acuerdo

El respaldo público del jefe de Estado busca dar señales de previsibilidad jurídica y política a los inversionistas norteamericanos. No obstante, la controversia persiste respecto a las tarifas que pagarán estos complejos tecnológicos y si el precio acordado compensa el costo de oportunidad de no destinar esa misma energía a otros rubros de la economía nacional.

El desafío para el Ejecutivo radicará en transparentar los términos de los pliegos y garantizar que el uso de la energía excedente de Itaipú traduzca el discurso de la modernización tecnológica en beneficios económicos concretos y medibles para el país.

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