Los partidos de la oposición dieron el primer paso formal en un proceso que busca articular una alternativa política competitiva para las elecciones generales de 2028. Tras una reunión convocada por el presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Alcides Riveros, referentes de diversas fuerzas con representación parlamentaria acordaron firmar un compromiso de unidad el próximo 9 de noviembre en el Hotel Guaraní de Asunción. El anuncio, realizado por la diputada del Partido Patria Querida (PPQ) Rocío Vallejo, plantea una Hoja de Ruta cuya meta principal es llegar a las urnas con una única chapa presidencial. Sin embargo, detrás del optimismo inicial, el bloque enfrenta el desafío de definir la ingeniería jurídica y política necesaria para sostener ese proyecto.
La iniciativa busca evitar la dispersión del voto que históricamente ha favorecido al oficialismo. Según detalló Vallejo en declaraciones a radio Universo 970 AM y el canal GEN, el encuentro contó con la participación de dirigentes de todos los sectores opositores en el Congreso. La firma prevista para noviembre constituirá una declaración de intenciones para avanzar en un esquema de cooperación electoral, tomando como referencia reciente el entendimiento alcanzado en la capital para los comicios municipales.
Alianza o concertación: la discusión sobre la vía legal
El primer escollo técnico y político que deberá resolver la mesa opositora radica en la figura jurídica que adoptará el acuerdo. Los dirigentes deben decidir si competirán mediante una alianza o una concertación electoral, una determinación que no es menor considerando los antecedentes legislativos recientes. Según la legisladora de Patria Querida, la oposición ya no podrá utilizar el padrón nacional en las mismas condiciones en que lo hizo en las presidenciales de 2023, debido a una modificación normativa aprobada por la mayoría en el Congreso. Este cambio obliga a los partidos a evaluar detenidamente los pros y contras de cada mecanismo para la realización de eventuales elecciones internas o consensos.
“La intención es llegar a una única chapa presidencial. Es importante entender que estando juntos, sumamos más votos. El camino es la unidad para la oposición, no hay otro camino”.
— Rocío Vallejo, diputada por Patria Querida.
A esta complejidad normativa se le suma la definición del método para medir y seleccionar a los aspirantes a la presidencia. En el marco de las conversaciones iniciales se mencionaron nombres como los de Kattya González, Miguel Prieto y Yolanda Paredes, aunque formalmente no se han establecido criterios de medición ni reglas de juego para dirimir las candidaturas. El tiempo, además, opera como un factor de presión: el calendario electoral fija el 7 de junio como la fecha límite para la inscripción formal de alianzas o concertaciones ante la Justicia Electoral, trámite que exige acuerdos previos cerrados sobre las fórmulas presidenciales y las listas de consensos.
La matemática electoral y el programa de gobierno
El argumento central que sostienen los promotores de la unidad se basa en el rendimiento del voto articulado. Para ilustrar el impacto de la concentración de fuerzas, Vallejo citó el caso de las elecciones municipales en Asunción, donde la convergencia entre el PLRA y otras 16 nucleaciones políticas permitió la obtención de nueve concejales. Según los cálculos expuestos por la parlamentaria, una lista completamente unificada de toda la oposición habría alcanzado 12 bancas en el legislativo municipal. No obstante, la traslación de una experiencia municipal a una contienda nacional plantea interrogantes sobre la capacidad de contención de electorados ideológicamente heterogéneos.
Más allá de la arquitectura electoral y la repartición de espacios en el Congreso —aspecto que según se aclaró aún no formó parte de los acuerdos firmados—, las conversaciones deberán abordar la formulación de un programa sustantivo. La agenda planteada para las próximas reuniones incluye la definición de ejes de gobierno que respondan a problemas estructurales de la economía y la gestión pública, tales como la crisis de la caja fiscal, el déficit en la cobertura energética y el endeudamiento público, tanto interno como externo.
El encuentro del 9 de noviembre servirá para medir el nivel real de adhesión que genera la propuesta dentro del abanico opositor. La firma del documento marcará el inicio formal de una negociación compleja, donde la construcción de consensos sobre la chapa presidencial y el modelo económico dependerá de la capacidad de los partidos para subordinar sus agendas individuales a un proyecto político común.