El presidente Santiago Peña presentó este jueves su renuncia al cargo tras perder el sostén político del Partido Colorado y enfrentar un inminente juicio político en el Congreso Nacional. La dimisión se desencadenó tras la intervención del Banco Central del Paraguay (BCP) a Ueno bank por graves problemas de solvencia, un hecho que salpica directamente al exmandatario por sus pasados vínculos accionariales con el grupo financiero y que pone en riesgo millonarios recursos del sistema de pensiones del país.
«He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la república, lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas», argumentó Peña a través de un mensaje grabado y difundido en la red social X. La salida abrupta del economista de 47 años interrumpe un mandato que debía extenderse hasta 2028 y asesta un duro golpe a la hegemonía del oficialismo, que administra el poder estatal desde 1947, con la sola excepción del periodo 2008-2013.
El detonante financiero y el retiro del respaldo político
El detonante de la crisis institucional fue la resolución ordenada el martes por el BCP sobre Ueno bank, al constatar que su índice de solvencia cayó por debajo del límite legal permitido. La entidad, que registra cerca de tres millones de clientes, administraba unos 850 millones de dólares en fondos públicos, entre los que se encuentran recursos previsionales, de la salud pública y depósitos de diversas empresas estatales.
El impacto económico derivó en un rápido aislamiento político. El expresidente Horacio Cartes, titular de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y considerado el principal mentor político de Peña, retiró públicamente su apoyo al mandatario y dio luz verde a la bancada oficialista para acompañar el proceso de juicio político en el Poder Legislativo. La pérdida del blindaje parlamentario dejó a Peña sin margen de maniobra.
Los nexos con el grupo económico
El aspecto central del cuestionamiento opositor y sectorial radicó en los vínculos comerciales del exmandatario. Peña fue accionista de Ueno Holding, conglomerado perteneciente al Grupo Vázquez y matriz del banco intervenido. Aunque el exmandatario vendió su participación accionaria en marzo de 2025, los sectores que promovieron el libelo acusatorio sostuvieron que existían severos conflictos de interés respecto al manejo de los depósitos estatales en dicha entidad privada.
La trayectoria de Peña en la función pública estuvo marcada por un ascenso técnico acelerado. Tras iniciar su carrera en el BCP en el año 2000, se desempeñó en el departamento de África del Fondo Monetario Internacional (FMI) a partir de 2009. En enero de 2015, con 36 años, asumiría la titularidad del Ministerio de Hacienda bajo la administración de Cartes, integrándose formalmente al Partido Colorado en 2016 tras un paso previo por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).
Un mandato interrumpido y balance geopolítico
Tras perder las internas oficialistas de 2017 frente a Mario Abdo Benítez, Peña obtuvo la candidatura presidencial de la ANR en diciembre de 2022. El 30 de abril de 2023 triunfó en las elecciones generales con el 42,74 % de los votos junto a Pedro Alliana, quien ejercía la Vicepresidencia de la República.
Durante su gestión, la política exterior del país se alineó con la administración norteamericana de Donald Trump. En marzo de 2026, Peña participó de la cumbre del Escudo de las Américas en Miami, donde suscribió la incorporación de Paraguay a la Coalición Anticárteles de las Américas. En el plano local, su administración estuvo bajo escrutinio por la frecuencia de los desplazamientos internacionales —denominados de manera recurrente como «Santi Tour»—, sumando más de 70 viajes al exterior durante su periodo de gobierno.
El desenlace de esta crisis deja abierta la interrogante sobre la reconfiguración del Poder Ejecutivo y el impacto real de la intervención bancaria sobre los fondos de los jubilados y aportantes del sistema de previsión social.
