La discusión en la Cámara de Diputados sobre los plazos otorgados a Santiago Peña para ejercer su defensa ante el juicio político suma un nuevo punto de tensión. La diputada Rocío Vallejo, integrante del equipo de fiscales elegidos por la Cámara Baja para sostener la acusación, afirmó que una prórroga para el mandatario debería ser de un máximo de 24 horas y no de 72, como solicitó su defensa. El argumento central de la legisladora es que las causales planteadas no representan un escenario desconocido para el jefe de Estado.
El debate de fondo en el Congreso no solo gira en torno a los tiempos procesales, sino a las consecuencias políticas e institucionales de las decisiones en puerta: la vía del juzgamiento frente al pedido de dimisión. En este contexto, la postura de la representación acusadora busca marcar un límite estricto para evitar dilaciones en la resolución de la crisis.
Plazos en debate y acusación de dilación
Según la diputada Vallejo, otorgar tres días de plazo resulta innecesario dado que los hechos señalados en el libelo acusatorio corresponden a actuaciones y decisiones directas del propio mandatario. Para la legisladora, la solicitud de ampliación de los tiempos responde a una estrategia para postergar las definiciones.
“Una vez más, lo que hace es cagarle a la ciudadanía. Hasta el momento de irse sigue jodiendo a la ciudadanía. 24 horas, para qué va a necesitar tanto si él sabe bien lo que hizo”, expresó Vallejo.
La fiscal acusadora enfatizó que los elementos señalados en el proceso son de conocimiento público y cotidiano para el presidente, por lo que la preparación de la defensa no requiere de un periodo extendido.
“Los hechos de la acusación son de conocimiento público, o Peña no sabía que era accionista o que le puso a Carvallo. No hay ninguna cuestión rara, ahora puede venir a defender o rechazar, no necesita 3 días”, agregó.
Fueros, renuncia y el escenario en el Congreso
Más allá de la discusión por las horas concedidas, la posición del equipo acusador apunta a la implicancia jurídica que tendría la aceptación de una eventual renuncia del presidente frente al avance del juicio político. Vallejo sostuvo que tramitar la dimisión antes del juzgamiento abre la puerta a la impunidad del procesado.
“Ninguna decisión que estamos tomando es fácil, todo es difícil. Y aceptar la renuncia es darle a Peña fueros hasta que se muera. Le vamos a dar un salvoconducto para que para siempre tenga inmunidad”, afirmó.
En cuanto al plano numérico y parlamentario, la diputada reconoció que la bancada oficialista mantiene la potestad de articular mayorías para encauzar el tratamiento del caso a través de una sesión bicameral que analice la renuncia, aunque ratificó la postura de la oposición.
“Es posible ir a una bicameral, pueden convocar si tienen los votos. Ellos pueden hacerlo, nosotros no vamos a cambiar de postura”, concluyó Vallejo.
El escenario deja planteada la interrogante de si el Congreso optará por la vía del juzgamiento definitivo o si los acuerdos de bancada inclinarán la balanza hacia la aceptación de la renuncia, con el impacto institucional que cada camino conlleva para la institucionalidad del país.