Las investigaciones que salpican al sistema financiero y al poder político ingresaron a una fase decisiva de rastreo patrimonial y alcance internacional. El Ministerio Público informó que identificó a 37 empresas y unas 35 personas vinculadas a las pesquisas sobre ueno bank, al tiempo que avanza en la causa penal contra el expresidente de la República, Santiago Peña, y el extitular del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo. El desafío central de la institución no pasa solo por sostener las acusaciones en estrados, sino por una cuestión crítica para la economía real: recuperar los activos necesarios para responder ante los ahorristas e indemnizar a las víctimas de la trama.
En una conferencia de prensa liderada por los fiscales adjuntos Nancy Salomón (Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción) y Manuel Doldán (Asuntos Internacionales), junto a los agentes Francisco Cabrera y Silvia González, la representación fiscal expuso la complejidad del esquema. La magnitud de la causa llevó al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, a reforzar el equipo con la incorporación de cuatro agentes de Delitos Económicos. El mensaje institucional busca transmitir rigor técnico en un proceso que se mantiene bajo reserva operativa, pero que exige transparencia sobre la ruta del dinero.
El esquema de ueno bank: empresas, bienes y protección a ahorristas
La causa que involucra al entorno de ueno bank comenzó formalmente el 03 de noviembre con las primeras órdenes de detención, seguidas por la imputación de 27 personas al día siguiente. El fiscal Francisco Cabrera detalló que la estrategia investigativa se despliega en cuatro frentes simultáneos: precisar los hechos y responsabilidades, mapear el patrimonio de los sospechosos, allanar inmuebles para asegurar pruebas documentales y ejecutar la recuperación de activos.
El punto neurálgico para la credibilidad del sistema radica en la protección de los depositantes. Según explicó Cabrera, la prioridad máxima de la Fiscalía es garantizar que los ahorristas recuperen la totalidad de sus depósitos. Asimismo, el representante del Ministerio Público aclaró que las restricciones cautelares sobre las firmas bajo la lupa serán levantadas a medida que se demuestre el origen lícito de sus fondos, buscando no paralizar a empresas comerciales legítimas ni perjudicar los puestos de trabajo que dependen de ellas.
“Se esperan nuevas imputaciones y otras medidas orientadas a asegurar bienes que podrían estar relacionados con los hechos investigados”, adelantó Cabrera durante la exposición de los avances.
Las causas contra Santiago Peña y Carlos Carvallo
El segundo eje de la investigación apunta de forma directa a la cúpula del Ejecutivo anterior y del órgano regulador del sistema bancario. La fiscal Silvia González explicó que el expediente contra Santiago Peña y Carlos Carvallo se abrió tras las denuncias presentadas por legisladores de ambas cámaras del Congreso Nacional. González fundamentó que las detenciones iniciales se ejecutaron ante el peligro de fuga percibido por la Fiscalía tras el juicio político y la destitución de los acusados.
La tipificación penal presentada por la Fiscalía atribuye a Peña los hechos punibles de administración en provecho propio y lesión de confianza. Por su parte, Carvallo enfrenta cargos por lesión de confianza y producción mediata de documento público de contenido falso. Ambas imputaciones colocan en el centro del debate la integridad de las decisiones tomadas en el manejo de los recursos públicos y la supervisión del sistema financiero.
Entre los procedimientos destacados, González confirmó el allanamiento de una residencia en San Bernardino. En el lugar, la comitiva judicial descubrió una bóveda de seguridad de alta complejidad que requerirá equipamiento especializado para su apertura. Durante el operativo se incautaron computadoras, dispositivos electrónicos y documentación relevante, además del decomiso posterior —mediante orden judicial— de un teléfono celular hallado en los sitios de reclusión de los procesados.
La red de cooperación internacional y las preguntas de fondo
El rastreo patrimonial traspasó las fronteras nacionales. El fiscal adjunto Manuel Doldán señaló que la representación legal del Estado coordina acciones con autoridades de Luxemburgo y Argentina, además de contar con la asistencia técnica ofrecida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El objetivo final de estos exhortos es la localización, congelamiento y eventual repatriación de bienes para responder por los daños financieros imputados.
Más allá de la contundencia de las cifras de imputados y allanamientos, la causa plantea un examen riguroso al funcionamiento de las instituciones de control en Paraguay. ¿Hasta qué punto los contrapesos del Estado funcionaron a tiempo para evitar el desvío de activos o actuaron de manera reactiva ante la crisis política? La recuperación efectiva de los fondos depositados por los ciudadanos y la solidez técnica de las acusaciones serán la única métrica con la que la sociedad juzgará el éxito de esta gestión fiscal.