El Arzobispado de Asunción emitió un duro y categórico pronunciamiento dirigido al presidente de la República, Pedro Alliana, en el que insta a ejecutar una revisión profunda de su equipo de colaboradores y de la administración pública. El reclamo eclesiástico pone el foco en la necesidad de intervenir de manera prioritaria en las áreas y dependencias estatales estrechamente vinculadas a la gestión del exmandatario Santiago Peña, marcando una línea de demarcación política e institucional en un momento de alta sensibilidad para el Poder Ejecutivo.
El posicionamiento de la Iglesia católica no surge en un vacío institucional. El pronunciamiento se da en medio del convulsionado escenario político y financiero desencadenado por la crisis de Ueno Bank. Frente a este tablero, la jerarquía eclesiástica considera urgente que la conducción del Poder Ejecutivo examine el desempeño real de los ministerios y secretarías, identifique las fallas operativas de la administración y aplique de inmediato las medidas correctivas que la ciudadanía demanda.
Idoneidad técnica y desvinculación de la herencia del gobierno anterior
El diagnóstico del Arzobispado no escatima en señalamientos sobre la eficiencia del aparato estatal. El documento sostiene con firmeza que aquellas instituciones que no estén respondiendo a las demandas y necesidades del país deben ser reorganizadas de forma integral. La exigencia central es que la conducción de estos organismos quede bajo la responsabilidad de personas con demostrada capacidad e idoneidad para ejercer la función pública, aunque la Iglesia aclaró que este proceso no implica cuestionar a aquellos funcionarios que vienen desempeñando sus tareas de forma correcta.
El mensaje encierra un cuestionamiento implícito pero claro a la continuidad de estructuras y cuadros heredados de la gestión saliente de Santiago Peña. La recomendación de revisar áreas clave sugiere que, para la Iglesia, la estabilidad del Gobierno actual requiere depurar responsabilidades y corregir el rumbo en dependencias donde la gestión pública quedó severamente comprometida.
Apertura hacia la oposición y el fin de los cálculos electorales
Otro de los ejes centrales del pronunciamiento apunta a la necesidad de ensanchar la base de sustentación política del Gobierno mediante un diálogo genuino con los sectores de la oposición. En ese sentido, el Arzobispado planteó la incorporación al gabinete y a cargos de confianza de profesionales preparados para asumir responsabilidades de Estado, con independencia de su pertenencia partidaria o de su alineación en las bancadas parlamentarias.
Asimismo, la institución religiosa recordó que el mandato constitucional actual se extiende hasta el 15 de agosto de 2028, por lo que exhortó al Poder Ejecutivo a concentrar el tiempo restante en la atención de las prioridades nacionales. El documento enfatiza que las decisiones gubernamentales deben orientarse exclusivamente al servicio de la ciudadanía y no a responder a intereses electorales, internas de partido o cálculos coyunturales.
El planteo del Arzobispado deja abierta una interrogante de fondo para el panorama político nacional: si la administración de Pedro Alliana recogerá este guante para encarar una reforma real del Gabinete con criterios de idoneidad y pluralismo, o si mantendrá la inercia partidaria en un periodo crucial para la estabilidad económica e institucional del país.