La intervención a Ueno Bank reavivó la preocupación por el destino y la seguridad de la información personal de sus más de tres millones de clientes. El jefe del departamento de Cibercrimen de la Policía Nacional, comisario Diosnel Alarcón, advirtió sobre el peligro de que los datos biométricos recabados por la entidad bancaria terminen en manos de delincuentes y sean reutilizados para cometer fraudes.
El banco utilizaba mecanismos de identificación mediante reconocimiento facial y huellas dactilares para validar el acceso a sus servicios digitales a través de su aplicación móvil. Además, la firma había desarrollado el sistema UNID, una plataforma de acceso único para gestionar una misma identidad digital en diferentes servicios del grupo, e incluso aplicó controles biométricos en eventos masivos y espacios deportivos.
El riesgo de la biometría frente a las contraseñas tradicionales
Alarcón explicó que la biometría abarca parámetros como el rostro, las huellas y el iris, y que el nivel de vulnerabilidad del sistema depende de la arquitectura técnica empleada para capturar y almacenar esos registros. El principal problema de este tipo de tecnología radica en la imposibilidad de sustituir los datos en caso de una filtración.
“Puede ser un riesgo si los datos biométricos caen en manos de personas que lo reutilicen. Siempre es preocupante saber que tres millones de datos biométricos estén flotando por ahí”, sostuvo el comisario Alarcón.
A diferencia de una contraseña convencional, que puede modificarse de manera inmediata cuando queda expuesta, los rasgos faciales o las huellas dactilares de un usuario no se pueden reemplazar, lo que incrementa el impacto de cualquier falla en la custodia de la información.
Dudas sobre el resguardo y la responsabilidad de las empresas
El jefe de Cibercrimen señaló que la preocupación no abarca solo la situación del banco intervenido, sino a todas las empresas privadas que solicitan datos biométricos para validar la identidad de sus usuarios sin dejar en claro sus protocolos de protección.
Según la Policía, el punto central de la discusión radica en saber cómo las corporaciones resguardan la información, quiénes tienen acceso a las bases de datos y qué medidas de seguridad implementan para evitar hackeos o filtraciones. Alarcón recordó que, ante la sospecha de una vulneración de derechos o un uso indebido de los datos personales, los ciudadanos deben presentar la denuncia formal ante las autoridades para iniciar las investigaciones correspondientes.
