La resolución de Ueno Bank ingresa a su fase más compleja y determinante para la estabilidad del sistema financiero local. Luego de activar la primera red de contención y desembolsar casi G. 4 billones para restituir sus ahorros a 1,5 millones de clientes, el Banco Central del Paraguay (BCP) diseña una segunda etapa operativa. El objetivo central de esta maniobra es estructurar la salida para aquellos depositantes —personas físicas, empresas e instituciones públicas— cuyos saldos superan el límite de cobertura contemplado por la ley.
El desafío no es menor ni meramente técnico: implica garantizar la trazabilidad de recursos millonarios que comprometen directamente el patrimonio de entidades previsionales como el Instituto de Previsión Social (IPS) y diversas cajas de jubilaciones. La respuesta institucional ante este escenario determinará si el costo de la caída de una entidad puede ser contenido dentro de las fronteras de la banca privada o si dejará cicatrices en el ahorro colectivo a largo plazo.
El esquema técnico: balance de exclusión y cesión de activos
El mecanismo elegido por la banca matriz no pasa por una liquidación desordenada, sino por la ingeniería financiera de transferencia de activos y pasivos. Según explicó José Maciel, director del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), la estrategia consiste en confeccionar un denominado “balance de exclusión”. Esta herramienta permite aislar la cartera de créditos y bienes de calidad comprobada para transferirlos a otras entidades bancarias interesadas en asumir, en contrapartida, las obligaciones con los ahorristas afectados.
El esquema técnico en análisis consiste en elaborar un balance de exclusión para separar los recursos recuperables y transferirlos en distintos lotes a los bancos interesados, que asumirán a cambio las obligaciones con los depositantes.
La viabilidad de este traspaso descansa sobre una masa patrimonial de USD 600 millones en activos sanos. No obstante, la disponibilidad efectiva de esta liquidez y su posterior migración a otros balances bancarios aún están sujetas al cierre definitivo de las auditorías y verificaciones contables. La cautela de los eventuales bancos compradores será el termómetro que defina la rapidez del proceso.
El impacto sobre el excedente y los fondos previsionales
La intervención de la entidad fue dispuesta el pasado 2 de noviembre, luego de constatar que su solvencia patrimonial había perforado el piso regulatorio, ubicándose por debajo del 50% del mínimo exigido por las normas prudenciales. El primer impacto fue mitigado por el FGD hasta el tope legal fijado en 75 salarios mínimos por persona física o jurídica.
Sin embargo, para los acreedores que superan dicho margen, la absorción de carteras por parte de competidores del mercado representa la única vía de recuperación gradual. En este grupo se encuentran las colocaciones de fondos previsionales, cuyos rendimientos y capital deben ser precautelados para evitar descalces en la estructura de pagos de las jubilaciones futuras.
Hasta la fecha, la autoridad monetaria no ha confirmado el listado de entidades financieras dispuestas a participar en la licitación o recepción de estos lotes, como tampoco se han establecido plazos perentorios para la ejecución de la transferencia. El éxito del procedimiento dependerá de la precisión con la que se valúen los activos sanos frente a la volatilidad del escenario de resolución. Resta por ver si el mercado absorbe el golpe con solvencia o si el costo de la prudencia postergada terminará pasando factura a los fondos comunes del Estado.
