La Contraloría General de la República (CGR) decidió dar un paso decisivo en la investigación sobre los alcances institucionales del caso ueno bank. El organismo de control amplió los pedidos de información en el marco del examen de correspondencia al expresidente Santiago Peña, extendiendo las averiguaciones a su círculo familiar directo y a una lista de aproximadamente 20 personas que ocuparon altos cargos directivos en el sector público. La medida busca esclarecer si existieron nexos financieros o patrimoniales no declarados en un momento donde la estabilidad de los recursos estatales entra en una fase de incertidumbre.
El subcontralor Armindo Torres confirmó que los requerimientos de información abarcan a la ex primera dama, Leticia Ocampos, y a los hijos de la pareja. Al no tratarse de funcionarios públicos activos ni sujetos directos al examen de correspondencia convencional, la institución apeló a la figura del pedido anticipado de información a terceros. La nómina de investigación no se detiene en el núcleo familiar: las autoridades no descartan ampliar los rastreos a otros parientes, incluidos los hermanos del exmandatario.
Las cúpulas del BCP y del IPS en la mira
El rastreo documental de la Contraloría apunta de manera directa a los centros de decisión financiera y de previsión social del Estado. Entre los notificados figuran expresidentes del Banco Central del Paraguay (BCP) como Carlos Carvallo, José Cantero Sienra y Antoliano, además de altos ejecutivos y funcionarios de la banca matriz entre los que se encuentran Liana Caballero, Marco Aurelio González y Miguel Ángel Mora. La lupa institucional busca reconstruir la línea de decisiones técnicas e intervenciones administrativas durante el periodo investigado.
El requerimiento oficial se extiende de igual forma a la gestión del Instituto de Previsión Social (IPS). La nómina de exautoridades requeridas incluye a los extitulares Isaías Fretes —actual ministro de Salud—, Jorge Brítez y Vicente Bataglia, junto a miembros del Consejo de Administración de la previsional. Para la entrega de la totalidad de la documentación requerida, el órgano contralor fijó un plazo perentorio de 24 horas.
El impacto directo en el erario público
Más allá del plano procedimental, el trasfondo económico del caso ueno bank plantea interrogantes severos para la administración de las finanzas estatales. El ministro de Economía, Óscar Lovera, confirmó que los recursos públicos retenidos o comprometidos en la entidad financiera podrían superar los USD 1.000 millones. Esta cifra no representa un mero dato contable: implica un volumen de liquidez estatal cuya inmovilización empieza a proyectar sombras sobre el flujo de caja del Tesoro.
El propio titular de la cartera económica admitió que la falta de certeza sobre estos fondos podría impactar de manera directa en el cronograma de financiamiento de obras públicas y programas sociales clave. Cuando los recursos del Estado quedan entrampados en procesos de fiscalización o iliquidez, la traducción a la economía diaria es inmediata: demoras en pagos a proveedores, desaceleración en la infraestructura y una presión adicional sobre el crédito público. La efectividad y celeridad con la que la Contraloría determine las responsabilidades patrimoniales será determinante para medir el verdadero costo que este episodio tendrá para los contribuyentes.
