La Gobernación de Canindeyú resolvió suspender temporalmente la provisión del servicio de alimentación escolar del programa Hambre Cero en 393 instituciones educativas del departamento, entre el 23 y el 27 de noviembre. La decisión, formalizada mediante un comunicado del gobernador Nelson Martínez, afecta de manera directa a más de 42.300 estudiantes en el tramo final del año lectivo y plantea un interrogante sobre la flexibilidad con la que se administran las políticas públicas dirigidas a la infancia vulnerable.
El argumento central expuesto por la administración departamental radica en que la etapa de exámenes finales registra una baja considerable en la asistencia de los alumnos, así como una permanencia más breve dentro de las aulas. Bajo esta premisa, la suspensión busca preservar los recursos financieros y logísticos del programa. Sin embargo, la medida pone de manifiesto la tensión recurrente entre la eficiencia del gasto presupuestario y la garantía ininterrumpida de un derecho básico como la alimentación escolar.
La recomendación institucional del CONAE
La resolución del gobierno departamental no constituye una iniciativa aislada, sino que se enmarca en la circular 009/2026 emitida por el Consejo Nacional de Alimentación Escolar (CONAE). El documento, firmado por el presidente de la entidad y ministro de Desarrollo Social, Miguel Tadeo Rojas, recomienda a los ejecutivos departamentales interrumpir la ejecución de Hambre Cero durante los días de evaluación académica.
Canindeyú figura como una de las primeras gobernaciones en hacer efectiva esta recomendación oficial, pero la naturaleza del instructivo anticipa que la medida se replicará en otros departamentos durante el transcurso de la semana. Esta aplicación uniforme de una sugerencia administrativa abre el debate sobre si la logística debe primar sobre el beneficio social en la semana culminante del calendario escolar.
Impacto operativo y presupuesto en juego
En términos económicos y logísticos, la suspensión implica pausar una operativa de gran escala. En el departamento de Canindeyú, el costo promedio del servicio está fijado en G. 18.000 por cada estudiante, y la ejecución del contrato se encuentra a cargo de un consorcio privado adjudicado para el efecto, según informó el periodista Juan Alcaráz a la cadena Nación Media.
La interrupción abrupta de las raciones alimentarias genera un impacto directo en la rutina familiar, sobre todo en los sectores de menores recursos. La preocupación es notoria entre los padres de alumnos del turno tarde, quienes dependen del almuerzo provisto en las escuelas antes del desarrollo de la jornada académica. Para estos estudiantes, la pausa en la asistencia alimentaria altera la dinámica diaria en una semana de alta exigencia académica.
Eficiencia administrativa frente a necesidades reales
El trasfondo de esta suspensión deja en evidencia la fragilidad en la planificación de los programas sociales masivos. Si bien la optimización de los fondos públicos ante la inasistencia estudiantil es un criterio administrativo comprensible, el corte del servicio expone las contradicciones de un sistema que ajusta la prestación en función de la burocracia escolar y no de las carencias del alumnado.
La interrupción temporaria en Canindeyú sienta un antecedente sobre cómo los mecanismos nacionales y departamentales responden ante imprevistos o particularidades del calendario escolar. Queda por ver si el ahorro presupuestario obtenido en estos cinco días justifica el impacto en la comunidad educativa o si el Estado debe diseñar mecanismos más flexibles que garanticen la nutrición de los estudiantes sin interrumpir los contratos ni desamparar a los sectores más vulnerables.
