La investigación del denominado caso Ueno Bank ingresó a un terreno institucionalmente delicado. La fiscal general del Estado, Alba Rocío Cantero Vera, y la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay manifestaron su enérgico rechazo ante los episodios de hostigamiento e intimidación denunciados por el agente fiscal Silvio Corbeta Dinamarca, integrante de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción. El hecho expone la tensión recurrente en los procesos penal-financieros donde convergen elevados intereses económicos y el ejercicio de la acción penal pública.
Las presiones se habrían producido durante un procedimiento de allanamiento en la firma GSR Security, empresa vinculada al Grupo Vázquez. Según el gremio de fiscales, las amenazas procedieron de Fabricio Martínez Appleyard, persona imputada en la causa y encargada del establecimiento intervenido en el marco de las pesquisas sobre Ueno Bank.
Medidas de seguridad e intento de condicionamiento institucional
Ante la gravedad de los hechos denunciados, la máxima autoridad del Ministerio Público confirmó la activación de protocolos institucionales para resguardar la integridad del investigador. La Fiscalía General solicitó formalmente a la Policía Nacional la asignación de custodia y los recaudos de protección necesarios para garantizar el normal desarrollo de las labores del agente fiscal.
Tanto la conducción de la Fiscalía como la agremiación fiscal coincidieron en un diagnóstico central: los actos de amedrentamiento no representan un mero choque verbal o un incidente aislado, sino una estrategia deliberada para incidir en el fuero penal. Para los investigadores, las represalias buscan menoscabar la independencia de la persecución penal en un caso de alto impacto.
“El hecho no constituye solo un agravio personal contra el citado agente fiscal, sino también un intento de condicionar el ejercicio de la acción penal pública”, expresó la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay a través de un comunicado.
Ratificación de la independencia procesal
La investigación a cargo de Corbeta toca aristas sensibles del sector financiero y empresarial. El avance de las diligencias sobre firmas asociadas al Grupo Vázquez evidencia la complejidad de delimitar responsabilidades en tramas societarias cuando la justicia busca esclarecer presuntas irregularidades.
La fiscal general Cantero Vera remarcó que las maniobras de presión no paralizarán la causa en curso. La institución ratificó que las pesquisas continuarán bajo los principios de objetividad e independencia, con el objetivo de determinar las responsabilidades penales e impulsar las sanciones que correspondan según el marco legal vigente.
