Unas 100 hectáreas de desmonte fueron constatadas por el fiscal medioambiental de Curuguaty, Benjamín Maricevich.
Fue dentro de la propiedad de comunidad indígena ava guaraní “Tekoha Poty Py’ahu”. Los líderes nativos Mario Sanabria y Santiago Benítez habrían arrendado el inmueble a empresarios sojeros.
Si bien el Congreso Nacional extendió hasta el año 2018 la vigencia de la Ley 2524/04 “De Deforestación Cero” en la Región Oriental, la normativa fue trasgredida en la comunidad indígena, distante unos 25 kilómetros de este novel distrito.
Los vicelíderes Sanabria y Benítez habrían arrendado el inmueble de unas 240 hectáreas a empresarios brasileños, presuntamente sin el consentimiento del líder titular Optaciano Recalde, quien realizó la denuncia ante el concejal municipal Luciano Zarza (PLRA). El edil requirió la intervención de la unidad policial para constatar el grave daño causado al medio ambiente en la comunidad.
El fiscal ambiental de Curuguaty, Benjamín Maricevich constató la intensa destrucción del área boscosa con tres palacargadoras y dos tractores, pero cuyos operadores huyeron antes del arribo de la comitiva policial-fiscal. Asimismo, una tracto-camión maraca Scania con placa ATE 166 con maderas extraídas del sitio, listo para su comercialización. Los agentes policiales demoraron horas antes a cuatro personas contratadas por los arrendatarios.
Los demorados fueron Vidal Aguilera Giménez (53), Ricardo Escurra González (24), Luis Miguel Morel Frutos (19) y Ramón Aguilar (51). Los mismos fueron liberados horas después por el fiscal Maricevich, quien determinó como “trabajadores que buscan el sustento diario”.
El agente del Ministerio Público, ordenó la incautación de las tres palacargadoras de la marca Liugong, modelo 2011, propiedad de la firma “E Importadora SRL Ter-Par Industrial Comercial Exportadora”, con domicilio comercial en Coronel Oviedo.
Las maquinas estaban a cargo de Aguilera Giménez, quien no quiso brindar detalles de un posible contrato de arrendamiento.
Durante el procedimiento, el fiscal Maricevich ordenó la incautación de dos tractores de la marca CBT y una camioneta Nissan Frontier con placa AAZ 153. Todas las evidencias fueron depositadas en el predio de la subcomisaria de la colonia Brítez cue, por disposición del fiscal intervinientes.
CLAVE PARA LA PESQUISA
Uno de los personales liberados involucró en el ilícito a una persona identificada como Cándido Acosta, como uno de los responsables de “legalizar” el desmonte ante el Instituto Forestal Nacional (Infona) y Secretaria de Medio Ambiente (Seam).
El presunto gestor habría obtenido licencia ambiental de los órganos de control, por lo que será investigado por el fiscal de la causa. No fue posible conocer la versión del indiciado debido que su celular daba apagado.
Fuente: ABC Color
