Las intensas lluvias y la consecuente crecida del río Paraná volvieron a poner a prueba la capacidad de respuesta del Estado paraguayo ante las emergencias climáticas. En esta oportunidad, las Fuerzas Armadas iniciaron un despliegue de personal para asistir a las familias afectadas, principalmente en la zona sur del país. Sin embargo, detrás de la necesaria asistencia operativa surge una constante de nuestra gestión pública: la obligación de responder a contingencias severas con recursos ordinarios, al límite de la capacidad presupuestaria.
El ministro de Defensa Nacional, Óscar González, confirmó que las intervenciones militares se realizan en coordinación con otras instituciones del Estado, pero con una salvedad financiera no menor: los trabajos se ejecutan exclusivamente con recursos propios de la cartera, sin contar con fondos adicionales para mitigar el impacto del fenómeno climático conocido como El Niño.
El impacto en Ayolas y las proyecciones de evacuación
La zona más golpeada por el reciente temporal se concentra en el departamento de Misiones. Específicamente, el Área Naval de Ayolas lidera las tareas de reubicación de las familias cuyas viviendas quedaron expuestas al avance de las aguas del Paraná. Según el reporte oficial brindado por el ministro González en una entrevista con la radio 1000 AM y el canal GEN, en una primera etapa se registraron entre siete y ocho familias directamente afectadas en el casco urbano de Ayolas.
No obstante, la preocupación de fondo radica en las proyecciones a mediano plazo. Las estimaciones oficiales indican que la crecida del río podría afectar a un rango de entre 700 y 900 familias, lo que equivale a comprometer la seguridad de unas 2.800 a 3.600 personas en la zona de influencia. Para coordinar los planes de contingencia y analizar el comportamiento del caudal, el titular de Defensa anunció una reunión clave con el director de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), institución que maneja el flujo de la represa y los pronósticos hidrológicos.
Asistencia extendida en Yuty y respuesta en hospitales
El despliegue militar no se limita a la cuenca del Paraná. El reporte de Defensa Nacional detalló que en la localidad de Yuty se coordinaron tareas interinstitucionales junto a la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) y la municipalidad local para la reconstrucción de viviendas dañadas por fuertes vientos. En este distrito, el temporal dejó un saldo de aproximadamente 4.000 familias damnificadas en diversos grados.
Asimismo, la asistencia llegó al ámbito de la salud pública en la capital. Un contingente de 70 efectivos militares intervino para despejar el entorno del hospital del Instituto Nacional del Cáncer (INCAN), que había quedado bloqueado por la caída de árboles de gran porte tras el temporal. Ante el corte del suministro de energía eléctrica en el centro asistencial, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) debió trasladar un generador de emergencia para asegurar la continuidad de los servicios médicos.
La orden de actuar sin esperar la burocracia
En el plano doctrinario y de gestión, el ministro González enfatizó que las unidades militares distribuidas en el territorio nacional cuentan con directivas claras para actuar de oficio ante emergencias humanitarias, buscando saltar los habituales cuellos de botella administrativos que retrasan la ayuda.
Deben hacerlo sin que se les pida por parte de la comunidad y sin necesidad de recibir una nueva orden de su comandante.
La medida busca agilizar la respuesta en el terreno, aunque reabre el debate de fondo sobre la sostenibilidad de estas operaciones. Al ser consultado sobre la previsibilidad financiera para los meses venideros —donde se anticipan más eventos climáticos extremos—, el secretario de Estado fue tajante al ratificar que el Ministerio de Defensa trabaja con su presupuesto habitual, sin partidas extraordinarias asignadas para estas contingencias.