Paraguay se encamina a un escenario histórico tan paradójico como preocupante: el país de las grandes hidroeléctricas corre el riesgo real de tener que importar energía eléctrica o recurrir a la generación térmica mediante combustibles fósiles a precios altísimos. La advertencia la formuló el especialista en energía Victorio Oxilia durante una entrevista en el programa “Fuego Cruzado”, emitido por el canal GEN-Nación Media, donde trazó un diagnóstico severo sobre la urgencia de ampliar la capacidad de generación, fortalecer el sistema de transmisión y reordenar las prioridades del consumo nacional.
El problema de fondo no radica únicamente en una cuestión tarifaria, sino en el ritmo acelerado en que el país agota su margen de maniobra energético. Según detalló Oxilia, la demanda eléctrica en Paraguay crece a un ritmo constante de aproximadamente 500 megavatios por año. Al mismo tiempo, los excedentes energéticos que históricamente se cedían al Brasil sufrieron un recorte dramático: en los últimos cinco años, esa disponibilidad se redujo prácticamente a la mitad, empujada por el crecimiento del consumo interno y por la irrupción de sectores de uso intensivo, con las granjas de criptominería a la cabeza.
Un déficit financiero estructural en la ANDE
Para acompañar esta dinámica y evitar un colapso en el suministro, los números de la infraestructura requerida parecen estar desconectados de la realidad presupuestaria actual. El especialista sostuvo que la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) necesita invertir entre 700 y 1.000 millones de dólares al año para responder a las exigencias futuras. Sin embargo, la empresa estatal actualmente ejecuta apenas unos 350 millones de dólares anuales, una cifra que apenas cubre el mantenimiento y obras de urgencia, pero deja desprotegida la proyección de largo plazo.
A este desfase de capital se le suma una vía de agua constante en las finanzas de la entidad: las pérdidas por robo de electricidad. Oxilia calculó que las conexiones clandestinas y el fraude eléctrico representan una sangría económica de entre 150 y 200 millones de dólares anuales para la ANDE. En este aspecto, remarcó que la estatal cuenta con herramientas técnicas para detectar los consumos irregulares mediante el cruzamiento de datos de facturación y la medición en los transformadores, recordando que operar granjas de criptominería sin contrato formal constituye un delito y un factor directo de riesgo para la red.
blockquote>“¿Qué es lo que va a ocurrir si es que falta a futuro energía eléctrica? O vamos a importar a un costo más elevado, o bien vamos a conseguir barcazas que van a traer generadores quemando diésel, fueloil, a un costo elevadísimo”, alertó Oxilia.
Criptominería versus desarrollo y empleo
El vencimiento próximo de varios contratos con empresas dedicadas a la criptominería podría otorgar un alivio temporal al sistema, pero no resuelve la brecha de generación. En ese punto, el debate se traslada al modelo de desarrollo: ¿a quién beneficia la energía paraguaya? Para Oxilia, la asignación de recursos debe priorizar al mercado interno y la rentabilidad social por sobre la simple venta de potencia.
“La prioridad número uno es atender a la población, a las personas que pagaron Itaipú”, afirmó.
El análisis económico revela además una contradicción en el uso del recurso. Mientras que los ingresos por cesión de energía antes ingresaban directamente al Ministerio de Economía para financiar el presupuesto público general, hoy van a parar a las arcas de la ANDE, alterando el flujo de caja estatal. Al evaluar la relación costo-beneficio, el especialista cuestionó el retorno de la minería de criptomonedas, una actividad que consume volúmenes masivos de electricidad pero aporta escasa mano de obra y limitados ingresos tributarios en comparación con las industrias convencionales.
La necesidad de institucionalizar la política energética
Más allá de la contingencia inmediata, la solución requiere aislar las decisiones técnicas de los vaivenes de la política partidaria. Oxilia planteó la necesidad de implementar una planificación energética integral de largo plazo, acompañada de reformas institucionales de fondo, como la creación de una agencia reguladora independiente y un órgano rector con capacidad real de ejecutar políticas públicas sostenidas en el tiempo.
El dilema para el Paraguay es directo: si no se aceleran las obras de infraestructura y se fiscaliza con rigor el uso del flujo eléctrico, el costo de la inacción terminará trasladándose a la factura de las familias y de las empresas productivas. Transicionar de la abundancia hidroeléctrica a la quema de fueloil importado no sería solo un fracaso de gestión, sino una factura altísima que pagará toda la ciudadanía.