El Poder Ejecutivo dispuso la movilización de las Fuerzas Armadas y diversas instituciones del Estado para articular un operativo de emergencia en Ciudad del Este, ante el impacto directo de la crecida del río Paraná. La medida, instruida por el presidente Santiago Peña, busca dar respuesta inmediata a las inundaciones y a los severos daños en la infraestructura habitacional que amenazan la seguridad de varios sectores de la capital del Alto Paraná.
El despliegue institucional integra la labor de Itaipú Binacional, la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) y el Ministerio de Desarrollo Social, junto con otras dependencias públicas. La coordinación de los trabajos de asistencia humanitaria, evacuación y monitoreo del desastre se asentó de manera logística en la sede de la Gobernación de Alto Paraná, donde se instaló un puesto de comando permanente para gestionar el flujo de recursos y personal.
Evacuaciones y derrumbes en sectores vulnerables
La situación reviste particular gravedad en puntos críticos del ejido urbano. En el barrio Fátima, las intensas precipitaciones y la saturación del suelo provocaron deslizamientos de tierra, desencadenando el derrumbe de viviendas y la caída de árboles. Estos hechos dejaron a numerosas familias sin un techo seguro, requiriendo asistencia logística de urgencia para su reubicación y resguardo.
Paralelamente, la franja baja del barrio San Rafael afronta las consecuencias directas del avance sin tregua del río Paraná y el consecuente desborde del arroyo Acaraymí. Hasta el momento, los reportes oficiales del operativo confirman el traslado de 60 familias fuera del perímetro de riesgo hacia refugios temporales habilitados para la contingencia.
Coordinación interinstitucional en el terreno
Las tareas en las zonas anegadas reúnen en el terreno a personal técnico y operativo de ITAIPU Binacional, funcionarios de la Municipalidad de Ciudad del Este, efectivos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios y personal militar de las Fuerzas Armadas. La presencia combinada busca agilizar la movilización de enseres y la atención primaria de salud de los afectados.
Desde el Gobierno central informaron que el monitoreo de la cuenca y la presencia de los equipos estatales se mantendrán de forma ininterrumpida mientras persista el nivel crítico de las aguas, a fin de mitigar el impacto socioeconómico que este evento climático impone a las comunidades ribereñas del décimo departamento.