En un lapso de menos de una semana, cuatro personas procesadas por delitos de alta gravedad en el departamento de Alto Paraná obtuvieron la libertad ambulatoria o el arresto domiciliario con control de tobillera electrónica. La seguidilla de medidas cautelares favorables, otorgadas en causas que van desde asaltos armados a mano armada hasta violencia familiar, encendió las alarmas en el ámbito jurídico local y plantea una pregunta de fondo: ¿responden estas decisiones a una aplicación rigurosa de la ley o se trata del uso discrecional de una herramienta tecnológica convertida en un privilegio procesal?
Las resoluciones beneficiaron a tres imputados por robos de gran magnitud y a un suboficial de la Policía Nacional. La acumulación de estos fallos en la Sexta Circunscripción Judicial generó cuestionamientos en los pasillos de los tribunales de Ciudad del Este, donde fuentes del sector señalan la necesidad de que los órganos de control, como el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, examinen de oficio los fundamentos de cada expediente.
Las causas y los jueces involucrados
El caso más reciente se registró el pasado viernes 9 de octubre. El juez penal de sentencia nº 4, Oscar Gabriel Génez Ayala —en funciones de interino en el juzgado penal de garantías nº 7—, dispuso el arresto domiciliario con tobillera electrónica para Cristhian Daniel Paredes Morales. El procesado había sido detenido el 26 de agosto en el barrio Flor de Liz de Ciudad del Este, durante un allanamiento en el marco de la investigación por el asalto a la firma Brisas del Paraná SA.
Aquel atraco implicó un perjuicio económico sustancial: la banda se llevó mercaderías electrónicas —principalmente teléfonos de alta gama— por un valor estimado en USD 312.863, además de USD 30.000 en efectivo y el arma de fuego del guardia de seguridad. En el operativo donde cayó Paredes Morales, las autoridades incautaron G. 40 millones, una pistola calibre 9 milímetros con 11 cartuchos y seis gramos de cocaína. Pese a que el hombre cuenta con una condena previa por tenencia de drogas y es señalado por la Policía como apoyo logístico de la banda, el juzgado estimó viable la medida sustitutiva.
Días antes, el martes 6 de octubre, la jueza penal de garantías nº 5, Cinthia Garcete, otorgó la misma medida a César Suárez (29), procesado en la misma causa caratulada “Vinicius Wenzel y otros s/ robo agravado”. Suárez dejó la penitenciaría regional a un mes de su detención, tras la emisión del oficio electrónico nº 1744.
Oposición fiscal y juicios pendientes
La lista de beneficiados incluye a Arnaldo José Gómez Brizuela (20), imputado como supuesto conductor de la motocicleta utilizada en el intento de asalto al comercio TS Celulares el 30 de enero pasado en el barrio Ciudad Nueva. Aquel suceso culminó con un enfrentamiento armado en el que falleció uno de los presuntos asaltantes y resultó herida la comerciante Fabiola Monserrat Romero Wuyk (32).
Pese a que el fiscal Gabriel Segovia Villasanti se opuso firmemente a la morigeración de la prisión preventiva, el juez penal de sentencia Edgar Manuel Lezcano González otorgó las medidas sustitutivas mediante el oficio judicial nº 384. La resolución llama la atención dado que el juicio oral y público para el imputado está fijado recién para el 7 de abril de 2027. El cuarto caso registrado en este breve período corresponde a un suboficial de la Policía Nacional imputado por violencia familiar.
El trasfondo de las garantías procesales
El espíritu de la implementación de las tobilleras electrónicas en el sistema penal paraguayo busca descongestionar las penitenciarías y aplicar un control efectivo a personas que no representen un peligro de fuga o de obstrucción a la justicia. Sin embargo, cuando la medida se aplica de forma reiterada a imputados por hechos punibles violentos o con antecedentes penales, el instrumento pierde su sentido garantista y pasa a ser percibido como una vía de escape para quienes cuentan con la capacidad de gestionar resoluciones favorables.
Si el sistema judicial permite que hechos delictivos de gravedad sean minimizados mediante la sustitución sistemática de la prisión preventiva, el mensaje enviado a la ciudadanía es de una fragilidad institucional preocupante. Corresponde a los órganos de auditoría revisar si las decisiones adoptadas en Alto Paraná se encuadran de manera estricta en el derecho o si revelan anomalías que demanden sanciones administrativas y penales. La credibilidad de la administración de justicia no puede quedar sujeta a la sospecha permanente de privilegios.