La Cámara de Senadores aprobó este miércoles, de manera unánime, un proyecto de declaración que exhorta al presidente de la República, Santiago Peña, a convocar con urgencia a una cumbre de poderes para diseñar e implementar una respuesta integral frente a la epidemia de feminicidios e intentos de feminicidio que sacude al país. La iniciativa, promovida por la senadora Yolanda Paredes, busca sentar en una misma mesa a los titulares del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial para pasar de la indignación discursiva a acciones institucionales coordinadas.
El pronunciamiento del Legislativo no surge en un vacío. Responde a un recrudecimiento alarmante de los casos de violencia machista en los últimos días, un fenómeno que expone, una vez más, la insuficiencia de los mecanismos preventivos y de protección estatales. La propuesta plantea que el encuentro no se limite a una foto protocolar entre autoridades, sino que cuente con la participación activa de asesores y expertos en la materia, capaces de trazar un diagnóstico riguroso y una hoja de ruta con metas verificables.
Prioridades distorsionadas y falencias estructurales
Durante la sesión parlamentaria, varios legisladores pusieron el foco en las contradicciones del propio sistema de justicia paraguayo. Se señaló, por ejemplo, la paradoja de que el fuero judicial cuente con juzgados especializados para investigar y sancionar el abigeato —el robo de ganado—, mientras que las agresiones sistemáticas y los asesinatos de mujeres carezcan de una estructura jurisdiccional con la misma especificidad y recursos en todo el territorio nacional.
Para intentar revertir este déficit, el pleno del Senado tiene previsto analizar en 15 días un proyecto de ley presentado por la senadora Lilian Samaniego, cuyo objetivo es crear juzgados especializados en hechos de violencia contra las mujeres. La aprobación de esta herramienta técnica y presupuestaria será una prueba decisiva para evaluar si el consenso político alcanzado en la declaración se traduce en recursos concretos o si se diluye en la burocracia parlamentaria.
El debate de fondo: educación y prevención
El cruce legislativo abordó también los factores culturales que perpetúan la violencia. Durante el debate, la senadora Esperanza Martínez cuestionó con dureza el contenido de los materiales educativos que se distribuyen en las escuelas públicas. Según sostuvo la legisladora, estos textos continúan reproduciendo sesgos y patrones machistas que naturalizan la desigualdad de género desde la infancia, neutralizando los esfuerzos preventivos que se intentan aplicar en la etapa adulta.
La pelota está ahora en el campo del Palacio de López. Le corresponde al presidente Santiago Peña fijar la fecha para la convocatoria y definir el alcance de la cumbre. El desafío excede la firma de un decreto o una declaración de buenas intenciones: la efectividad de la convocatoria dependerá de la capacidad del Estado para coordinar a la Policía Nacional, la Fiscalía, el Poder Judicial y el sistema educativo en una estrategia común. Sin un presupuesto adecuado ni una reforma estructural de la atención a las víctimas, cualquier cumbre corre el riesgo de convertirse en un mero trámite formal frente a una tragedia que no admite más dilaciones.