La solicitud de cambio integral en la conducción del Banco Central del Paraguay (BCP) y de la Superintendencia de Bancos destapó una discusión que trasciende el habitual gallinero político: la credibilidad técnica del regulador del sistema financiero. Cuando legisladores de sectores opuestos coinciden en señalar que las explicaciones de la banca matriz resultan insuficientes para transparentar los controles aplicados a Ueno Bank, la pregunta de fondo deja de ser simplemente quién ocupa un sillón en el directorio y pasa a ser cuánto rigor y trazabilidad ofrecen las instituciones encargadas de velar por el ahorro y el crédito de la gente.
La iniciativa impulsada por el senador opositor Rafael Filizzola busca que el Poder Ejecutivo promueva la remoción del presidente del BCP, Carlos Carvallo, y de la totalidad de los integrantes del directorio por presunto mal desempeño. Aunque el tratamiento del proyecto de declaración quedó en suspenso este 14 de octubre por falta de cuórum en el Senado, la presión política lejos está de disiparse. Las dudas planteadas giran en torno al alcance y la profundidad de la información remitida por la autoridad monetaria sobre las actuaciones de supervisión dirigidas a la citada entidad bancaria.
Coincidencias en el Congreso y las alertas en la supervisión
Lo relevante del escenario actual es la convergencia de miradas. El reclamo de la oposición encontró eco directo en filas del oficialismo. El senador Gustavo Leite también exigió la renovación completa de las autoridades de la banca matriz y del órgano ejecutor de la fiscalización, argumentando que los reportes enviados al Poder Legislativo no satisfacen las exigencias mínimas de información que exige la ciudadanía a través de sus representantes.
Leite sumó un dato político no menor: reveló que referentes empresariales mantuvieron una reunión en Mburuvicha Róga con el presidente Santiago Peña para solicitar el recambio en la cúpula monetaria, aunque evitó dar identidades. Esta presión combinada ocurre tras la luz pública de documentos sobre las operaciones crediticias de la entidad y las actuaciones internas del regulador.
Según el propio informe remitido por la banca matriz al Congreso, la Superintendencia de Bancos detectó que la entidad incurrió en excesos de los límites de exposición crediticia con empresas vinculadas. Si bien el BCP aclaró que el banco se adecuó a los parámetros regulatorios tras las notificaciones oficiales, el reporte también confirmó la apertura de un sumario administrativo. La investigación busca determinar responsabilidades en torno a una venta de cartera de créditos que, según las observaciones de la supervisión, pudo haber contado con financiamiento indirecto de la propia entidad.
El memorando de la discordia y la trazabilidad de los controles
A este entramado se suma la filtración de un memorando fechado el 10 de julio de 2026 y firmado por Fernando Rivarola, exgerente de Supervisión del BCP antes de su paso al directorio de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD). En dicho escrito se asentaron observaciones sobre operaciones con empresas vinculadas y las condiciones de concesión de determinados préstamos, lo que reavivó las dudas sobre la efectividad y velocidad con que el directorio procesa las alertas que emiten sus dependencias técnicas.
La respuesta de la banca matriz ante el Legislativo intentó desactivar el impacto argumentando una cuestión procedimental: que el documento fue remitido cuando Rivarola ya no ejercía la Gerencia de Supervisión, por lo que carecía de la formalidad de un memorando de gestión. Asimismo, la entidad aseguró que los puntos señalados ya formaban parte de las verificaciones técnicas en curso. Sin embargo, en el ámbito técnico-financiero, diluir una advertencia técnica por meras formalidades administrativas no suele ser el camino más eficiente para construir confianza institucional.
El respaldo del Ejecutivo y los antecedentes del caso
En el otro extremo del debate, el presidente Santiago Peña salió a brindar un claro respaldo al directorio del BCP. El jefe de Estado instó a la prudencia y subrayó que la instrucción de un sumario administrativo forma parte de las herramientas de fiscalización habituales y no implica que una entidad financiera enfrente una quiebra o se encuentre intervenida. El mandatario advirtió además sobre el riesgo de esparcir informaciones parciales que terminen condicionando las decisiones de inversión o generando alarma infundada en el mercado.
“Los miembros del BCP están causando un serio perjuicio al sistema financiero”, manifestó el legislador Rafael Filizzola.
El conflicto vuelve a tocar resortes sensibles para el mandatario, vinculados a la trayectoria societaria previa a su mandato. En octubre de 2024, Peña había cuestionado las críticas públicas hacia la adquisición de bonos de Ueno Bank por parte del Instituto de Previsión Social (IPS). Posteriormente, en abril de 2025, el mandatario comunicó la venta formal de sus acciones en Ueno Holding. Desde la entidad bancaria, su presidente, Juan Manuel Gustale, aclaró en su momento que la participación accionaria del presidente en el holding matriz no lo convertía en accionista directo del banco.
El sistema financiero se sostiene sobre un activo intangible pero imprescindible: la predictibilidad de sus reglas de juego y la solidez técnica e independiente de sus reguladores. Si las notas y requerimientos del Congreso reciben evasivas o si las alertas de los inspectores terminan entrampadas en discusiones de forma, la certidumbre se debilita. Resta ver si el BCP elegirá aportar una transparencia indiscutible en sus respuestas al Legislativo o si el debate político continuará erosionando la credibilidad del mayor árbitro del mercado paraguayo.