El presidente de la República, Santiago Peña, anunció una inversión de G. 27.000 millones para la ampliación y modernización del Hospital Regional de Caacupé. La promesa oficial apunta a transformar la infraestructura del principal centro de salud de la capital de Cordillera, mediante la construcción de nuevos espacios de urgencias, quirófanos, salas de parto, un centro de la mujer y unidades de terapia intensiva para adultos. El proyecto, cuyo llamado a licitación ya fue publicado en el portal de Contrataciones Públicas, contempla además áreas de pediatría, laboratorios y un albergue para familiares de pacientes internados.
Las cifras de la infraestructura frente a la gestión cotidiana
Según las previsiones del Poder Ejecutivo, los trabajos edilicios en el departamento de Cordillera deberían comenzar en un plazo aproximado de un mes. La cifra inyectada —equivalente a unos USD 3,5 millones al tipo de cambio actual— representa un desembolso significativo para la infraestructura sanitaria del departamento. Sin embargo, el anuncio permite abrir un análisis necesario sobre la sostenibilidad de este tipo de inversiones en el sistema de salud paraguayo.
La habilitación de camas de terapia intensiva para adultos y la expansión de pabellones quirúrgicos suelen responder a una demanda histórica de las comunidades del interior. No obstante, la experiencia reciente en la administración pública demuestra que la construcción de paredes y la compra de ladrillos constituyen la parte más sencilla de la gestión pública. La pregunta de fondo no radica únicamente en cuándo concluirán las obras, sino en cómo se financiará el gasto corriente indispensable para que esas nuevas instalaciones funcionen adecuadamente.
El verdadero reto: profesionales, insumos y mantenimiento
Ampliar las urgencias y abrir un centro especializado para la mujer requiere, indiscutiblemente, un incremento proporcional en el presupuesto de personal e insumos sanitarios. Un sillón de quirófano o una cama de terapia intensiva resultan inútiles sin intensivistas, anestesiólogos, enfermeros especializados y un provisión constante de medicamentos básicos. La asignación de G. 27.000 millones debe, por tanto, ser observada como el inicio de un compromiso de largo plazo y no como un hito que agota las obligaciones del Estado con la Región Sanitaria de Cordillera.
Resulta saludable que el Poder Ejecutivo acelere los procesos licitatorios para dotar de mayor capacidad edilicia a los centros asistenciales del interior. El escrutinio público sobre este proyecto no debe limitarse al cumplimiento de los plazos de obra, sino a la garantía de que el Hospital Regional de Caacupé reciba el presupuesto operativo necesario para que la ampliación redunde en una atención digna, oportuna y verdaderamente gratuita para la ciudadanía.