La causa penal contra el exgobernador de Presidente Hayes, Óscar ‘Ñoño’ Núñez, sumó un nuevo capítulo de parálisis institucional. Cuatro jueces buscaron apartarse de conformar el Tribunal de Apelación que debe examinar la condena de 11 años de prisión dictada en su contra por hechos de corrupción durante su gestión departamental. La maniobra, que dilata la ejecución de la sentencia, expone una vez más las fragilidades y contradicciones del sistema de justicia en circunscripciones con alto peso político.
El expediente ingresó en un atolladero procesal luego de que tres de las inhibiciones presentadas por los magistrados fueran impugnadas por una cuarta jueza del fuero. Ante el entramado de rechazos y excusaciones, la controversia fue elevada a la Corte Suprema de Justicia, fuero que deberá resolver qué magistrados asumirán la responsabilidad de revisar el fallo de primera instancia.
Un esquema de inhibiciones que frena el proceso
El caso que involucra al hermano del legislador Basilio ‘Bachi’ Núñez cuenta con una sentencia que estableció la responsabilidad penal del exjefe departamental en el desvío de recursos públicos. Sin embargo, la ratificación o modificación del fallo permanece frenada por la imposibilidad de estructurar una alzada judicial ordinaria.
Los magistrados buscan no integrar el Tribunal de Apelación que debe estudiar la condena de 11 años de prisión del exgobernador de Presidente Hayes. Una jueza impugnó tres de las inhibiciones y pidió a la Corte Suprema que resuelva la controversia.
El mecanismo de apartamiento masivo de magistrados en causas de alto perfil público o vinculadas a figuras de la política regional responde a un patrón frecuente en el fuero ordinario. La falta de integración del tribunal impide que la condena quede firme, lo que extiende los plazos de resolución e introduce incertidumbre sobre la efectividad de las sanciones por malversación de fondos públicos.
El papel de la Máxima Instancia
Con la elevación del caso, la Corte Suprema de Justicia tiene la tarea de destrabar la competencia y designar a los jueces que estudiarán la apelación. La resolución que adopte el máximo tribunal será clave no solo para el futuro procesal de Óscar Núñez, sino también como una señal sobre la capacidad del Poder Judicial para sustanciar expedientes que involucran a actores con conexiones en la estructura del poder político.
Mientras la controversia no sea resuelta en la capital, los plazos procesales continúan suspendidos, dejando en pausa la revisión de una de las condenas más altas aplicadas a un exgobernador en el país.