El Tribunal de Apelación especializado en delitos económicos y crimen organizado ratificó de forma unánime el rechazo de los sobreseimientos solicitados por la defensa de Miguel Prieto Vallejos, elevando a juicio oral y público la causa conocida como Tajy. Con esta decisión firme, el exintendente de Ciudad del Este deberá responder ante un tribunal por los delitos de lesión de confianza, asociación criminal y administración en provecho propio, en el marco de la compra de insumos de panadería para la Municipalidad alesteña durante la pandemia del Covid-19. La resolución abre interrogantes no solo en la esfera penal, sino en el tablero de la oposición paraguaya, que empieza a definir sus liderazgos con miras a los próximos comicios presidenciales.
El fallo lleva la firma de los magistrados Gustavo Amarilla Árnica, Claudia Carolina Criscioni Ferreira y Silvana Raquel Luraghi Sarubbi, quienes integran la primera sala de la cámara de apelaciones. El tribunal confirmó lo dispuesto en el auto interlocutorio nº 317 dictado por el juez penal de garantías Humberto Otazú. De esta manera, el proceso penal contra el referente del movimiento YoCreo queda completamente despejado para la etapa de juzgamiento, cerrando el margen para nuevos recursos dilatorios en esta instancia de garantías.
Las inconsistencias documentales que señala la Fiscalía
La investigación del Ministerio Público, encabezada por el fiscal Silvio Corbeta, sostiene que existió un esquema de contrataciones irregulares diseñado para beneficiar a terceros sin la capacidad operativa requerida. El pilar central del dictamen acusatorio descansa en los dictámenes de la Contraloría General de la República, que advierten que la empresa adjudicada para proveer insumos de panificados no poseía la solvencia económica, la idoneidad técnica ni los antecedentes mínimos en licitaciones públicas para encarar el servicio contratado.
“Se determinó que esta empresa no realiza esa actividad”, sostuvo el representante del Ministerio Público al referirse a la firma contratada para proveer los insumos.
A esta conclusión se suman las verificaciones cruzadas realizadas por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT). El análisis de los documentos comerciales y facturas concluyó que la firma Tajy no disponía de existencias reales de mercaderías para respaldar la provisión declarada. La tesis del fiscal apunta a una simulación de compras, donde la falta de stock convierte la supuesta entrega de panificados en una operación fantasma que habría perjudicado las arcas municipales en un período crítico de crisis sanitaria.
El entorno involucrado y el frente judicial acumulado
La causa no involucra únicamente a Prieto. El entramado trazado por la Fiscalía incluye a Emili Florentín, quien al momento de las operaciones investigadas era pareja sentimental del exjefe comunal. Los investigadores afirman haber detectado nexos comerciales directos entre la proveedora y empresas vinculadas a Florentín, configurando la presunta figura de administración en provecho propio.
Junto con Prieto y Florentín, irán al banquillo de los acusados Rubén Florentín, Alex Samhat, Higinio Arrúa, Francisco Arrúa y Sebastián Martínez. La defensa técnica de los procesados buscaba frenar el trámite antes de la apertura del debate oral, pero la ratificación appellate de su rechazo dejó agotada dicha vía procesal.
Este expediente se suma al caso denominado Tía Chela, también elevado a juicio oral, que investiga supuestas anomalías en la adquisición y reparto de kits de alimentos durante la emergencia sanitaria. Ambas carpetas comparten el mismo patrón de origen: compras de emergencia realizadas bajo la figura de la excepción durante los meses más severos de la pandemia de Covid-19 en el departamento de Alto Paraná.
Celeridad judicial e impacto en el ajedrez opositor
Más allá de la fundamentación técnica y tributaria que expone el Ministerio Público, el avance procesal abre un capítulo de inevitable lectura política. La celeridad con la que el fuero penal especializado impulsó y destrabó estas causas contra Prieto contrasta marcadamente con los ritmos que suelen caracterizar a la justicia ordinaria en expedientes de corrupción pública, que con frecuencia tardan años en superar la fase intermedia.
El propio Prieto reitera su inocencia y sostiene que las acusaciones responden a un intento por desacreditar su figura y neutralizar a su fuerza política, YoCreo, en el epicentro del segundo distrito electoral más relevante del país. Que este impulso judicial coincida con la conclusión de las elecciones municipales y el inicio de las negociaciones de la oposición para unificar una candidatura presidencial hacia 2028 no parece un hecho fortuito.
El uso de las instituciones de control y del sistema judicial como herramienta de desgaste electoral no es una novedad en la tradición política paraguaya. La responsabilidad penal del exintendente deberá ser demostrada en un juicio transparente, mediante el contraste riguroso de facturas, auditorías y peritajes. Sin embargo, en el terreno institucional se plantea una prueba de mayor calado: comprobar si el sistema de justicia mide las compras pandémicas con la misma severidad, objetividad y presteza cuando la lupa posa sobre otros municipios o sobre los administradores del gobierno central.