El resultado del último examen de conocimientos específicos para aspirantes a jueces de paz no solo es un dato estadístico alarmante, sino el síntoma de una fragilidad estructural. Un total de 174 postulantes, de los 217 que se presentaron a la prueba administrada por el Consejo de la Magistratura (CM) el pasado 13 de octubre, no logró alcanzar el puntaje mínimo requerido. La cifra representa un aplazo del 80,18% en un fuero clave para el acceso ciudadano a la justicia.
El reglamento del proceso de selección establece dos evaluaciones obligatorias: una de conocimientos generales y otra de conocimientos específicos, cada una calculada sobre una escala de 150 puntos. Para avanzar de etapa y ser considerado en la conformación de las ternas, cada concursante debe sumar un piso de 105 puntos. La abrumadora mayoría se quedó lejos de esa meta, dejando al descubierto severas deficiencias en la preparación técno-jurídica de profesionales que pretenden resolver los litigios más cotidianos de la población.
Calificaciones extremas y contraste con funcionarios de la casa
El desglose de las calificaciones revela un panorama de contrastes marcados. Según los datos del portal especializado El Observador, entre las notas más bajas figura la de María Marta Palacios, secretaria judicial en Caacupé, quien obtuvo cero puntos. Por su parte, Carolina Arias Portillo, actuaria en Ciudad del Este, registró 16 puntos, mientras que Luis Rolón, asistente contratado de uno de los miembros del Consejo en la Escuela Judicial, sumó apenas 18 puntos. En el mismo lote inferior se ubicó Olga Alicia López, ujier de Pilar, con 28 puntos.
Estas cifras plantean un interrogante institucional ineludible: ¿cuál es el nivel de exigencia interna y capacitación continua en las dependencias de la propia Administración de Justicia, cuando funcionarios con años en el fuero registran rendimientos sensiblemente alejados del estándar básico?
En la otra cara de la moneda, un grupo reducido demostró el nivel requerido para la magistratura. Las calificaciones más altas pertenecieron a Katia Isabel Ojeda, secretaria judicial de Paraguarí, y a José Antonio Pereira Recalde, quienes lideraron la nómina con 143 puntos cada uno. Los siguieron Vanessa Beatriz Morel, con 140 puntos; Francisco Cáceres Rojas, con 136; y Mirian Paola Álvarez junto a Rocío Andrea Gómez, ambas con 134 puntos.
El desempeño en la justicia especializada
El fenómeno del alto porcentaje de aplazos no se replicó con la misma severidad en las evaluaciones destinadas a otros fueros, aunque en ciertos sectores la brecha también dejó fuera a postulantes con trayectoria en el cargo.
En las pruebas para el fuero de la Niñez y la Adolescencia, se evaluó a 28 postulantes, de los cuales solo tres quedaron por debajo de la valla de los 105 puntos. En Penal de la Adolescencia, sobre 21 participantes, únicamente dos no superaron el filtro mínimo.
El fuero Electoral, en tanto, mostró una tendencia más cercana a la de los jueces de paz: de cinco examinados, tres resultaron aplazados. En este grupo, Estefanía Salinas obtuvo 76 puntos y César Darío Villalba alcanzó 78. El caso más ajustado fue el de la actual jueza de paz de Capitán Bado, Ángela Andrea Agüero, quien acumuló 104 puntos y quedó a un solo punto de la aprobación.
Las dos únicas profesionales que superaron la prueba en el fuero Electoral fueron Nora Céspedes, actuaria judicial de Asunción, con 108 puntos, y la defensora pública Marilia Esther Portillo, con 118 puntos.
Criterios de meritocracia y la garantía del servicio público
Los Juzgados de Paz constituyen la primera puerta de entrada a la estructura judicial para miles de ciudadanos que buscan dirimir conflictos de menor cuantía, denuncias de violencia doméstica o trámites constitutivos de derechos. Que más del 80% de quienes aspiran a ocupar esos despachos no apruebe la medición de conocimientos específicos no es un hecho trivial: expone la distancia entre el volumen de títulos universitarios emitidos y la idoneidad real requerida para la función pública.
El rigor en las evaluaciones del Consejo de la Magistratura debe mantenerse como una garantía de mérito. Si la medición de conocimientos se flexibiliza para acomodar los porcentajes de aprobación, la calidad de las sentencias y la tutela efectiva de los derechos ciudadanos serán las primeras en deteriorarse. La pregunta de fondo es si las instituciones académicas y el propio sistema judicial tomarán nota de estos resultados para corregir la formación de sus profesionales antes de que vuelvan a concursar.