El presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, sentó una posición contundente frente al escenario de incertidumbre institucional que atraviesa el Ejecutivo: a título personal, considera que lo más sano y conveniente para el país es tratar de inmediato y liquidar la dimisión planteada por el presidente Santiago Peña, en lugar de conceder el plazo de 72 horas solicitado por el mandatario.
La postura del titular de la Cámara Alta introduce una grieta táctica en el oficialismo justo en el momento en que los legisladores deben resolver si le otorgan o no al Ejecutivo la tregua temporal que solicitó. En la política parlamentaria, pedir tiempo suele interpretarse como una búsqueda de margen para negociar apoyos o reordenar fichas; negarlo, en cambio, apura los tiempos del desenlace e impone la correlación de fuerzas actual sin anestesia.
El dilema de los tiempos políticos
El meollo de la cuestión no es únicamente procesal, sino de fondo. La solicitud de prórroga por parte de la Presidencia busca frenar un desenlace intempestivo, pero desde la mesa directiva del Senado la señal es opuesta: la dilación solo prolonga el desgaste institucional y la especulación financiera y política.
“Lo más sano para mí es tratar y liquidar su renuncia”, sostuvo Basilio Núñez al adelantar su postura antes de la sesión donde el pleno debe evaluar el pedido del mandatario.
Esta declaración expone una contradicción no menor dentro de la propia cúpula de poder. Mientras el mandatario intenta administrar los tiempos de su salida o reacondicionar su gabinete para evitar el colapso, la conducción del Congreso prefiere cortar por lo sano. La prisa del legislativo responde a una lógica pragmática: en momentos de crisis ejecutiva, la incertidumbre es el peor escenario para los mercados, el crédito y la estabilidad administrativa.
Gobernabilidad y costo de la incertidumbre
La decisión que adopte el Parlamento en las próximas horas determinará el ritmo de la transición o la profundidad de la crisis. Otorgar las 72 horas implica validar la estrategia del Ejecutivo para replegarse y negociar una salida ordenada; rechazar la prórroga y forzar la votación de la renuncia hoy mismo acelera los plazos constitucionales de sucesión.
Cuando la cabeza del Poder Legislativo sugiere implícitamente que no hay espacio para especulaciones temporales, la señal para los agentes económicos y los actores políticos es clara: la gobernabilidad no soporta pausar las decisiones claves. Resta ver si la mayoría parlamentaria acompaña el criterio individual de Núñez o si prima la negociación de último minuto para concederle al Ejecutivo el aire que solicita.