La resolución del Ueno Bank dictada por el Banco Central del Paraguay (BCP) dejó de ser un simple problema de liquidez privada para convertirse en la crisis financiera y política más compleja de los últimos tiempos. La decisión de congelar las operaciones de la entidad, luego de confirmar que su índice de solvencia perforó el límite del 50 % de lo requerido legalmente, paralizó los depósitos de 2,9 millones de clientes y puso bajo la lupa la administración de millonarios recursos del Estado.
La pregunta de fondo que hoy busca responder este escenario trasciende el dato técnico: ¿cómo una entidad que proyectaba una expansión agresiva y dominaba las transacciones digitales terminó en un proceso de resolución de esta magnitud? La respuesta compromete no solo a la gestión privada del banco, sino también a la supervisión pública y a la estabilidad institucional del país.
Impacto en la economía diaria y parálisis comercial
El banco inició sus operaciones como tal en noviembre de 2023 y alcanzó una base de clientes masiva en un mercado de 6,1 millones de habitantes. De acuerdo con datos del propio sector comercial, representados por la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar), la intervención generó una semiparalización de las operaciones mercantiles, considerando que cerca de dos de cada tres transacciones electrónicas del circuito minorista se canalizaban mediante sus plataformas.
En términos prácticos, el congelamiento de cuentas afecta a trabajadores, comercios y deportistas. El gremio de futbolistas advirtió que varios integrantes de la selección paraguaya y una porción significativa de los planteles de la liga local operaban en la entidad. Ante este escenario, la autoridad bancaria inició el desembolso de garantías a través del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que cubre hasta 75 salarios mínimos (unos 228.300.000 guaraníes por persona física o jurídica).
En una primera etapa, el BCP comenzó a transferir montos de hasta 10 millones de guaraníes a los ahorristas con depósitos menores que cuenten con cuentas en otros bancos y no registren deudas pendientes. Sin embargo, esta medida inicial representa un alivio parcial frente a la totalidad del capital inmovilizado.
El compromiso de los fondos del Estado
El costado más crítico de esta crisis se traslada al sector público. El Instituto de Previsión Social (IPS) concentra el mayor volumen de exposición, con colocaciones en certidicados de depósito y bonos financieros por aproximadamente 355 millones de dólares, lo que representa cerca del 9 % de su cartera global de inversiones. Además, la entidad previsional administraba en dicho banco el pago a unos 32.000 jubilados.
A esto se suma la permanencia de recursos de otras empresas del Estado y entidades de envergadura, entre ellas la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y la itaipú Binacional. La presencia masiva de fondos públicos en una entidad que terminó colapsando obliga a revisar con rigor los criterios de colocación de capitales institucionales y la evaluación de riesgos por parte de los administradores del Estado.
Derivaciones penales y tormenta política
El ámbito judicial registró movimientos inmediatos. La Fiscalía ordenó la detención de los principales responsables de la firma. Fueron remitidos a prisión preventiva Miguel Vásquez —accionista mayoritario con más del 80 % de las cuotas socias—, el expresidente Juan Manuel Gustale Caroni, el exvicepresidente Julio Daniel Rey Fernández y los exdirectores Alejandro Gómez Abente y Diego Fernández Duarte Schussmuller.
Las esquirlas institucionales alcanzaron de lleno al propio ente regulador y al Poder Ejecutivo. El presidente del BCP, Carlos Carvallo (quien había liderado Financiera Ueno antes de asumir el cargo público), y el director Marco Aurelio González dimitieron, dejando a la cúpula del Banco Central sin cuórum legal.
En el plano político, el caso salpicó directamente al presidente Santiago Peña por sus vínculos previos como accionista de Ueno Holding, participación que vendió en marzo de 2025. El hecho desencadenó un pedido de juicio político en el Congreso, cuyo tratamiento quedó postergado por falta de cuórum en la Cámara, aunque la controversia sigue abierta.
La resolución de este banco abre un debate impostergable sobre los límites del crecimiento acelerado en el sistema financiero, la prudencia en el manejo de las pensiones de los trabajadores y la independencia de los órganos de control. La restauración de la confianza requerirá no solo saldar la deuda con los ahorristas, sino delimitar con absoluta claridad las responsabilidades administrativas y penales de este colapso.