La imputación fiscal presentada contra el expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo Spalding, expone un mecanismo de omisiones y demoras que excede la mera negligencia administrativa. La tesis del Ministerio Público sostiene que la máxima autoridad del órgano regulador financiero conoció de forma oportuna el deterioro de la solvencia de ueno bank, pero optó por ocultar las alertas técnicas, frenar sanciones y permitir que la entidad continuara captando recursos del público mediante promociones agresivas hasta el día de su colapso. El caso plantea una pregunta de fondo para el sistema financiero nacional: ¿hasta qué punto la inacción deliberada de un regulador compromete los recursos públicos destinados a proteger el ahorro de la gente?
Los elementos reunidos en la investigación indican que los datos sobre la debilidad del banco no eran escasos ni extemporáneos. Desde enero de 2026, las dependencias técnicas del BCP formularon advertencias formales sobre excesos en los límites de exposición crediticia con empresas vinculadas al mismo grupo económico. Esas observaciones se asentaron en documentos institucionales como el acta 27 del Directorio, fechada el 19 de junio, y en un memorando del 29 de junio. En ellos se detallaba la deducción de G. 876.640 millones por inversiones en las firmas Red Digital SA y Red Digital de Procesamiento SA, un ajuste que profundizó el déficit patrimonial de la entidad. A esto se sumó un dictamen del 5 de agosto que identificó como operación prohibida la venta de cartera a Vinanzas SA, tras detectar que la transacción se financió indirectamente con fondos del propio banco.
Las omisiones ante el órgano regulador y la respuesta al Congreso
Pese a la acumulación de evidencias sobre irregularidades graves, Carvallo no dispuso el proceso de regularización patrimonial previsto en la ley, ni aplicó sanciones o medidas cautelares como la suspensión preventiva de operaciones. El sumario administrativo contra los administradores de ueno bank recién se formalizó el 24 de septiembre, cuando el deterioro resultaba irreversible. La brecha entre el conocimiento técnico del problema y la adopción de medidas coercitivas sugiere una flexibilidad regulatoria que contradice la misión constitucional de velar por la estabilidad del sistema.
El expediente penal suma otro hecho severo: la respuesta remitida por Carvallo al Senado el 7 de octubre de 2026, en el marco de la Resolución 134. La fiscalía sostiene que el expresidente de la banca matriz envió esa nota sin contar con la aprobación del Directorio y con aseveraciones ajenas a la realidad operativa del banco. En la comunicación oficial, la autoridad afirmó que los excesos de límites crediticios habían sido corregidos, que no correspondía aplicar sanciones y que la cesión de cartera a Vinanzas SA cumplía los requisitos legales. Para los investigadores, Carvallo ocultó intencionadamente los informes técnicos 006, 007, 010 y 013 del año 2026, así como notas internas de alerta emitidas desde el 29 de abril.
Promociones agresivas y el impacto en el Fondo de Garantía
El aspecto con mayor impacto distributivo en la economía diaria radica en lo actuado entre el 8 de octubre y el 2 de noviembre. Durante ese intervalo, la presidencia del BCP permitió que la entidad lanzara campañas comerciales para la captación masiva de depósitos y Certificados de Depósito de Ahorro (CDA). Campañas como “Día u”, “Tu CDA desbloquea Día u” y “Sin truco, todo trato” ofrecían reintegros de hasta el 50% para captar dinero fresco transferido desde otros bancos.
El resultado directo de mantener la operativa de un banco insolvente fue el incremento artificial de los depósitos cubiertos por la garantía estatal. Cuando la captación agresiva concluyó, el costo financiero de la resolución bancaria recayó con mayor peso sobre el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). Cada nuevo guaraní ingresado bajo esas promociones elevó la contingencia que la infraestructura pública de cobertura debió asumir tras la caída de la entidad.
El desenlace administrativo se precipitó el 2 de noviembre, fecha en que Carvallo firmó la resolución de intervención y el proceso de resolución bancaria, luego de constatarse que la solvencia de ueno cayó por debajo del 50% del mínimo legal requerido. Al día siguiente, el 3 de noviembre, el funcionario presentó su renuncia al cargo. El cómputo final del perjuicio económico ocasionado al Fondo de Garantía queda pendiente de cuantificación pericial, pero la responsabilidad del órgano supervisor ya está trazada en la imputación: la omisión oportuna de controles convierte la labor de vigilancia en un mero formalismo tardío que termina pagando el contribuyente y el ahorrista.