La suspensión de clases en las escuelas públicas de todo el país durante la jornada de este lunes no es solo un contratiempo para miles de familias; es la manifestación visible de un agujero financiero que el Estado paraguayo sigue sin resolver. Organizaciones magisteriales se movilizan frente al Congreso Nacional y en las principales cabeceras departamentales para exigir la devolución de USD 60 millones destinados a la Caja Fiscal, un recurso cuya ausencia coloca al sistema de jubilaciones al borde del colapso funcional.
El trasfondo de la protesta y el impacto en las aulas
El reclamo central está liderado por gremios como la Organización Trabajadores y Educadores del Paraguay (OTEP). Según explicó el vocero de la entidad, Silvio Piris, la falta de reposición de estos fondos compromete seriamente la viabilidad de la estructura previsional del sector docente. La medida de fuerza implica la paralización total de las actividades lectivas a nivel nacional, sin que hasta el momento se haya determinado una fecha de finalización para las medidas de presión.
“Salimos a exigir que el gobierno garantice la devolución del dinero de la Caja Fiscal, son USD 60 millones que están en riesgo de perderse, con eso, prácticamente la Caja Fiscal está en quiebra”, advirtió Piris.
El escenario plantea un dilema de fondo: ¿hasta qué punto las reformas parciales pueden sostener un modelo previsional que requiere decisiones estructurales? Durante el presente año, las reglas de juego cambiaron con un incremento del 3 % en los aportes de los trabajadores, una medida diseñada para inyectar recursos a un fondo históricamente deficitario. Sin embargo, el proyecto sancionado por el Poder Legislativo distó de la propuesta original, que preveía un aumento sustancialmente mayor para mitigar la brecha financiera.
Reclamaciones cruzadas sobre los fondos de previsión
La agenda de reivindicaciones docentes trasciende el ámbito de la Caja Fiscal. La plataforma de protesta incorporó también el pedido formal para recuperar USD 350 millones pertenecientes al Instituto de Previsión Social (IPS), los cuales fueron colocados en una entidad bancaria posteriormente declarada en insolvencia severa. Esta acumulación de reclamos vinculados a la administración de fondos previsionales refleja una desconfianza creciente hacia los mecanismos de custodia y rendición de cuentas del dinero de los contribuyentes y aportantes.
El problema de la Caja Fiscal no radica únicamente en la liquidez coyuntural, sino en el diseño de un sistema donde los ingresos no logran cubrir las obligaciones futuras. Cuando el ajuste recae sobre el porcentaje de aporte sin una contrapartida clara en la gestión y garantía de los fondos, el conflicto se traslada de las planillas del Ministerio de Economía y Finanzas a la calle, afectando el derecho a la educación de miles de estudiantes.
La jornada de movilización deja una pregunta de fondo para la gestión pública: ¿someterá el Gobierno la crisis previsional a una revisión integral de fondo, o continuará aplicando remiendos financieros a costa del servicio educativo y el bolsillo de los trabajadores?