El Vicepresidente de la República en ejercicio de la Presidencia, Pedro Alliana, dispuso que los contribuyentes afectados por la crisis operativa y financiera de Ueno Bank queden exentos del pago de multas, recargos por mora e intereses derivados de los retrasos en sus obligaciones fiscales. La decisión, adoptada ante la imposibilidad de miles de clientes de concretar sus transacciones en tiempo y forma, busca amortiguar el impacto directo que el colapso del flujo de pagos tiene sobre la economía cotidiana de los contribuyentes.
Para ejecutar la medida, el mandatario convocó e instruyó al titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Óscar Orué, a fin de articular de manera inmediata los mecanismos administrativos que permitan flexibilizar el cumplimiento de las cargas tributarias, de manera especial para aquellos ciudadanos y empresas cuyo movimiento bancario dependía exclusivamente de la citada entidad.
La orden oficial busca frenar lo que, de otro modo, se habría convertido en un castigo en cadena: el contribuyente no solo se encuentra con su capital bloqueado o transacciones paralizadas por un problema originado en el sistema financiero, sino que el propio Estado le exigiría recargos e intereses por un incumplimiento involuntario. En términos formales, la medida intenta establecer un criterio de equidad en la recaudación en medio de la contingencia.
“Ordené que los contribuyentes afectados por la situación de Ueno Bank no paguen multas, recargos por mora ni intereses derivados de este problema. Además, instruí al director nacional de Ingresos Tributarios, Óscar Orué, a facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de quienes operaban exclusivamente con este banco. Ningún paraguayo debe pagar las consecuencias de un problema que no provocó”, omombe`u el mandatario.
La intervención del Poder Ejecutivo pone de manifiesto la profundidad y el alcance de las fallas que salpicaron al banco comercial. Cuando la operatoria de una institución financiera clave se interrumpe o entra en crisis, la onda expansiva golpea directamente la cadena de pagos, afectando el salario del trabajador, la liquidez de las micro y pequeñas empresas, y finalmente la caja del fisco. La exoneración de sanciones es un alivio necesario para el usuario, pero abre a su vez un debate más amplio sobre las garantías del sistema y el alcance de las responsabilidades institucionales ante fallas de esta envergadura.
Facilidades de la DNIT y seguimiento del impacto fiscal
Con las instrucciones dadas a la DNIT, la administración tributaria deberá reglamentar los procesos operativos para distinguir a los usuarios que sufrieron los inconvenientes directos con el banco. El desafío para la institución que encabeza Óscar Orué estará en aplicar un filtro eficaz que otorgue la prórroga a los verdaderamente imposibilitados sin generar fisuras en el control general de la recaudación.
La premisa expuesta por el Gobierno es clara en la forma: evitar que el costo de la crisis recaiga sobre los usuarios. Resta observar con qué celeridad la DNIT implementará las plataformas para la exoneración efectiva y si la contención tributaria será suficiente para estabilizar la confianza de los sectores golpeados por el corte en sus operaciones bancarias habituales.