La Fiscalía presentó una imputación que sitúa al exmandatario Santiago Peña Palacios como presunto jefe de una estructura montada dentro del propio aparato estatal para proteger los intereses del Grupo Vázquez y la entidad financiera ueno bank. Según el acta acusatoria del Ministerio Público, la red operó mediante la subordinación de los organismos de control financiero para evitar la intervención técnica del banco, a pesar de las explícitas alertas sobre su deterioro económico. El caso expone una grave colusión entre el poder político de turno y el sistema de supervisión bancaria del país.
Coordinación al más alto nivel y supuestas contraprestaciones
El documento fiscal describe un esquema organizado y jerárquico que habría actuado al margen de los procedimientos legales de regulación. De acuerdo con la investigación, Peña habría mantenido reuniones clandestinas y periódicas con Federico Vázquez en la residencia oficial de Mburuvicha Róga para coordinar las medidas operativas y financieras que requería el conglomerado privado. La hipótesis de la Fiscalía sostiene que la máxima autoridad del Ejecutivo utilizó su posición para alinear a los entes reguladores en favor del grupo empresarial.
Entre los elementos más gravosos del escrito fiscal se imputan pagos ilícitos como contraprestación por la cobertura estatal. La Fiscalía señala la entrega presunta de USD 200.000 en efectivo en sobres trasladados directamente a la residencia presidencial. Estas maniobras, según los investigadores, buscaban garantizar que la entidad financiera siguiera operando en el mercado sin sufrir las restricciones o sanciones que correspondían por su estado patrimonial.
El rol de las autoridades del Banco Central del Paraguay
La imputación detalla las funciones asignadas a la cúpula del Banco Central del Paraguay (BCP) y la Superintendencia de Bancos. La fiscalía señala que Carvallo, desde la presidencia del BCP, habría paralizado los procesos administrativos de regularización y ocultado los informes técnicos que advertían sobre la insolvencia de ueno bank. Por su parte, Holger Insfrán, al frente de la Superintendencia de Bancos, habría validado operaciones financieras cuestionadas y omitido la aplicación de medidas correctivas.
Respecto a los integrantes del directorio del BCP —Marco Aurelio González, Liana Caballero y Miguel Ángel Mora—, el Ministerio Público sostiene que operaron como un bloque de pasividad deliberada. A pesar de conocer los indicadores negativos de la entidad, los directores habrían omitido actuar. La investigación incluye además la presunta alteración de un informe técnico remitido al Congreso Nacional en octubre, al cual le habrían suprimido las advertencias sobre el riesgo de las operaciones vinculadas al banco.
Fondo de Garantía y riesgo sobre los depósitos
El esquema de protección estatal habría impedido la intervención técnica de ueno bank entre junio y octubre de 2026. Durante este período de inacción regulatoria, la entidad continuó con la captación masiva de recursos del público mediante campañas comerciales que ofrecían reintegros del 50%, ampliando el volumen de captación a pesar del escenario de insolvencia que registraba la supervisión técnica.
Los datos contenidos en la imputación revelan que, al 30 de septiembre, la entidad concentraba aproximadamente G. 3,6 billones y USD 233,4 millones pertenecientes a fondos públicos y previsionales. La postergación de la intervención regulatoria no solo expuso el dinero de los ahorristas, sino que incrementó de forma directa los compromisos y la carga financiera del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). Las conductas expuestas por el Ministerio Público deberán ser ventiladas y probadas durante la etapa de juzgamiento formal.