En el marco de la investigación judicial por el denominado caso ueno Bank, el equipo de siete fiscales asignado a la causa dio un paso clave para el avance de las pesquisas: solicitó de forma oficial la autorización judicial para extraer la totalidad de la información contenida en tres teléfonos celulares incautados al expresidente Santiago Peña. La petición recayó en el juzgado penal de Garantías especializado en Crimen Organizado, a cargo del juez Osmar Legal, quien deberá dirimir la pertinencia de la diligencia técnica.
El pedido formal, presentado por la vía electrónica el 18 de noviembre tras ser redactado el día previo por el Ministerio Público, apunta a resguardar la memoria digital de tres dispositivos de la marca iPhone: uno de tonalidad gris oscuro con el cristal posterior dañado, un segundo aparato de color blanco y un tercero de color negro, este último distinguible por llevar una funda y una calcomanía del Rally del Paraguay. Los tres equipos permanecen bajo estricta custodia del órgano investigador a la espera de la resolución del magistrado.
El origen de las incautaciones y la urgencia técnica
Los aparatos requeridos para el peritaje no fueron recuperados en un solo acto operativo. Según los registros de la causa, los procedimientos de incautación se dividieron en dos jornadas distintas: el primer procedimiento tuvo lugar el 8 de noviembre en la sede del Regimiento de la Escolta Presidencial, mientras que las intervenciones posteriores se concretaron el 10 de noviembre durante un allanamiento en una propiedad privada dentro del condominio Jerusalén SB, situado en la zona de Ciervo Cuá, en el límite entre San Bernardino y Altos.
La postura del Ministerio Público radica en que los datos alojados en el almacenamiento de estos teléfonos representan elementos de convicción potencialmente relevantes para el esclarecimiento definitivo de la trama financiera e institucional investigada. Asimismo, la representación fiscal fundamentó que la extracción debe realizarse con celeridad procesal para mitigar cualquier riesgo de pérdida, alteración accidental o deterioro de la información contenida en los circuitos de los dispositivos.
Cadena de custodia y sustento normativo
Para llevar a cabo el procedimiento informático sin vulnerar las garantías del debido proceso, la representación fiscal propuso la designación del perito Carlos Adalberto Insfrán Valdez, integrante del Departamento de Informática de la Policía Nacional. La solicitud requiere que los resultados del volcado de datos sean remitidos íntegramente a los investigadores mediante una copia espejo de los soportes digitales.
El escrito judicial de la Fiscalía sostiene la pretensión de peritaje en normativas de la Constitución Nacional y preceptos del Código Procesal Penal que facultan al órgano querellante a recolectar elementos de prueba bajo control jurisdiccional. Queda ahora en manos del juez Osmar Legal evaluar las garantías del pedido y determinar los alcances de la diligencia sobre el patrimonio digital del investigado.
