El jefe del Departamento de Cibercrimen de la Policía Nacional, comisario Diosnel Alarcón, reconoció públicamente que percibía un pago mensual de G. 10 millones por parte del Grupo Vázquez. La suma, según sus declaraciones, correspondía a servicios de capacitación y asesoramiento en seguridad informática destinados a los empleados de dicho conglomerado empresarial. El revelador dato sale a la luz en medio de las pesquisas en torno al caso ueno bank, una entidad financiera ligada al citado grupo económico, y derivó en que el alto jefe policial ponga a disposición de la Comandancia su continuidad al frente de la investigación.
El hecho no es menor ni puede analizarse como un simple acuerdo entre privados. Plantea una discusión institucional profunda sobre el conflicto de intereses, la dedicación exclusiva que exige la función pública y la frontera —muchas veces difusa en la práctica, pero clara en la norma— entre el deber policial y el consultorio comercial privado.
Ética pública y asesorías privadas: el dilema de fondo
La admisión de estos cobros pone sobre la mesa una pregunta inevitable para la seguridad pública: ¿puede un jefe policial en actividad, encargado de investigar delitos informáticos a nivel nacional, ser al mismo tiempo proveedor remunerado de una corporación privada expuesta a esos mismos riesgos? La respuesta técnica y ética debería ser tajante, pues la imparcialidad del investigador queda severamente comprometida cuando existen flujos financieros directos desde el entorno de las partes investigadas hacia el propio investigador.
Aunque el comisario Alarcón argumenta que los trabajos contratados se limitaban a talleres e instrucción técnica en materia de ciberseguridad para el personal del holding, la percepción pública de imparcialidad se fractura. En el ámbito del derecho administrativo y la función policial, la sola existencia de un pago recurrente por parte de un grupo empresarial configura un escenario de sospecha legítima que afecta la credibilidad de cualquier procedimiento formal.
Las implicancias en el caso ueno bank
El trasfondo de esta controversia salpica de forma directa el avance del caso ueno bank. Al ser el Grupo Vázquez un actor central en el entramado institucional y corporativo bajo la lupa, el rol de la unidad dirigida por Alarcón queda expuesto a impugnaciones procedimentales y cuestionamientos jurídicos por parte de las defensas o de la propia ciudadanía.
La decisión del jefe policial de poner su cargo a disposición ante la Comandancia de la Policía Nacional aparece como un paso inevitable para intentar encapsular el costo político e institucional. Sin embargo, resta saber si la cúpula policial y el Ministerio del Interior aceptarán su apartamiento definitivo de la causa o si la medida quedará en un mero trámite formal. La transparencia en los peritajes y en la cadena de custodia de las evidencias requiere de investigadores que no tengan ataduras comerciales de ningún tipo con los sectores involucrados.
El caso reabre el debate sobre los controles internos dentro de la Policía Nacional para detectar e impedir cobros de origen privado a altos mandos. La línea que separa la capacitación académica del cobro de honorarios por parte de funcionarios con poder de policía es demasiado delgada como para dejarla a criterio personal de los uniformados. ¿Se investigará de oficio si existieron otros contratos similares dentro de la institución o se cerrará el capítulo con una simple movida de piezas?
