El freno en los desembolsos estatales para la obra pública dejó de ser un debate presupuestario para convertirse en un problema operativo inmediato. La Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) advirtió que el Estado acumula una deuda impaga de USD 203 millones con las empresas contratistas, una situación que pone en riesgo directo el pago de salarios y aguinaldos a fin de año, además de comprometer la continuidad de los trabajos en marcha.
Menos recursos y un sistema financiero bajo tensión
Según detalló el presidente de Cavialpa, Paul Sarubbi, las transferencias del Tesoro registraron una caída sostenida desde el mes de septiembre. Este ajuste en el flujo de recursos coincidió con un escenario de menor liquidez y tensión en el sistema bancario local tras la crisis de Ueno Bank, lo que redujo el margen de maniobra de las empresas para obtener financiamiento privado de corto plazo.
El reclamo del sector privado apunta a la falta de previsiones en un momento crítico del calendario laboral. La interrupción o el goteo en los pagos a las contratistas desencadena un efecto dominó que golpea a las empresas proveedoras de insumos, a los subcontratistas y, finalmente, al personal obrero que depende del cobro oportuno de sus haberes de fin de año.
El dilema fiscal que enfrenta el Ministerio de Economía
El panorama sitúa en el centro del debate al ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, quien debe resolver la prioridad del gasto en el cierre del ejercicio fiscal. La disyuntiva de la cartera económica radica en mantener el esquema de contención del déficit aplicado por la administración actual o liberar los fondos necesarios para saldar las obligaciones con los proveedores del Estado.
Desde la perspectiva de los gremios de la construcción, la ausencia de pagos de consideración durante los últimos meses de 2026 derivará en un escenario aún más complejo para 2027. El riesgo expuesto por la patronal vial incluye la paralización definitiva de varios frentes de obra pública y la ruptura de la cadena de pagos en el sector formal de la economía.
Impacto directo en el empleo y las metas de infraestructura
Más allá del reclamo empresarial, el atraso en la cancelación de certificados de obra afecta la ejecución de proyectos de infraestructura clave y expone la fragilidad de la planificación fiscal del Estado. La falta de previsibilidad en las transferencias públicas suele derivar en mayores costos financieros para las propias arcas estatales a través de intereses por mora.
Para el sector constructor, la urgencia pasa por establecer un cronograma claro de desembolsos antes de que concluya el año. La respuesta que brinde el equipo económico determinará si la obra pública mantiene su ritmo como dinamizador del empleo o si el ejercicio cierra con obras paradas y compromisos laborales incumplidos.
