La dimisión de Emiliano Rolón Fernández de la titularidad del Ministerio Público no desactivó los cuestionamientos a su gestión ni blindó el tramo final de su mandato frente a la justicia ordinaria. La senadora Yolanda Paredes y la diputada Rocío Vallejo formalizaron este paso al presentar una denuncia penal contra el exfiscal general del Estado, a quien atribuyen presuntas actuaciones irregulares orientadas a frenar o dilatar investigaciones clave vinculadas a la crisis de ueno bank y al expresidente de la República, Santiago Peña Palacios.
El planteamiento de las legisladoras no es menor por los tipos penales consignados: obstrucción a la persecución y ejecución penal, asociación criminal y tráfico de influencias. La cuestión central pasa por determinar si las decisiones tomadas desde la máxima jefatura del Ministerio Público obedecieron a criterios estrictamente técnicos o si formaron parte de un esquema de dilación para favorecer a actores del poder político y financiero.
Las sospechas sobre la cadena de custodia y la demora en los procesos
El escrito impulsado por Paredes y Vallejo pone el foco en la falta de celeridad para ejecutar allanamientos y otras medidas cautelares en momentos críticos de la investigación sobre la entidad bancaria. Según el documento, las demoras procesales no habrían sido fortuitas, sino que pudieron haber facilitado el ocultamiento, la alteración o la destrucción directa de elementos probatorios de alta relevancia.
Para esclarecer el circuito de órdenes, la denuncia exige que la Fiscalía reconstruya la cadena de decisiones internas de la administración saliente. Esto incluye pedir informes sobre las instrucciones verbales y escritas impartidas por Rolón, preservar la documentación institucional del periodo y tomar declaración testimonial a los agentes fiscales que tuvieron a su cargo las distintas aristas del caso.
La senadora Paredes sostuvo con firmeza que la salida del cargo no exime de responsabilidades administrativas ni penales a quienes manejan instituciones del Estado.
“No puede ser que las personas de alto nivel de decisión simplemente renuncien y ya se vayan a su casa”
, remarcó la parlamentaria al justificar la necesidad de la apertura de una causa penal que examine la conducta de la máxima autoridad saliente del Ministerio Público.
El factor tiempo en la causa contra Santiago Peña
El segundo eje del reclamo parlamentario cuestiona los plazos institucionales aplicados a la denuncia contra el expresidente Santiago Peña por presunto crecimiento patrimonial. Las cifras y las fechas expuestas en la presentación revelan una asimetría que alimenta las sospechas de favoritismo político.
La denuncia contra el exmandatario fue radicada por legisladores de la oposición en octubre de 2025. Sin embargo, el Ministerio Público dispuso la apertura formal de una investigación recién siete meses después. La imputación posterior contra Peña terminó concretándose en noviembre, cuando el proceso de juicio político en el Congreso Nacional ya se encontraba en una fase irreversible.
Esa brecha temporal entre la denuncia inicial y la apertura del expediente es la que lleva a los denunciantes a sostener que la Fiscalía no actuó con la diligencia exigida por la ley, omitiendo resguardar evidencias de manera oportuna mientras el poder político del imputado continuaba intacto.
Un retiro forzado por la coyuntura política
La presentación penal se produce en el plano posterior a la renuncia formal de Rolón a su cargo. Su dimisión no fue un acto espontáneo de cierre de gestión, sino el resultado del avance de un pedido de juicio político en el Congreso que comenzó impulsado por sectores opositores y que terminó sumando el respaldo decisivo de bancadas del oficialismo colorado.
Aquel escenario de acorralamiento político coincidió con el momento de mayor exposición pública de la crisis de ueno bank, un expediente que expuso el nivel de interacción y eventuales fricciones entre el sistema financiero, los órganos de control del Estado y las figuras de primer nivel del gobierno central.
La denuncia presentada ante el Ministerio Público constituye una acción impulsada por dos parlamentarias que abre una etapa de evaluación sumaria. No implica una condena anticipada ni da por probados los hechos punibles invocados; corresponderá ahora a la propia Fiscalía determinar si existen elementos de convicción suficientes para formular una imputación o si el caso debe archivarse.
