La Justicia Electoral salió a marcar distancia frente a las declaraciones prestadas ante el Ministerio Público en el marco de la investigación sobre la empresa Comitia. La institución rechazó haber mantenido o mantener alguna relación contractual con Itti, la firma tecnológica perteneciente al Grupo Vázquez, señalada en una delación por presuntas transferencias monetarias vinculadas a la provisión de las máquinas de votación utilizadas en las elecciones paraguayas.
El pronunciamiento institucional surge como respuesta directa a los testimonios brindados por Julio Rey Fernández, exvicepresidente de Ueno Bank. En su declaración testimonial ante los fiscales de la causa, el exejecutivo detalló un esquema de giros de fondos desde Comitia hacia la firma Itti, cuyo origen o justificación estaría atado al proceso de licitación y adjudicación del sistema electrónico de sufragio.
Las implicancias del deslinde institucional
El deslinde del órgano electoral busca encapsular la responsabilidad institucional en el proceso de contratación pública, desplazando el foco de las sospechas hacia los acuerdos entre privados o eventuales intermediaciones financieras que deberán ser dilucidadas en sede penal. La postura del organismo plantea que los trámites licitatorios se ajustaron a los pliegos vigentes y que la firma proveedora adjudicada formalmente no traslada responsabilidad jurídica por los flujos de dinero entre terceros actores del sector privado.
Sin embargo, el testimonio de Rey Fernández abre un flanco de incertidumbre sobre los mecanismos de bancarización y las presuntas comisiones u operaciones cruzadas entre empresas vinculadas al rubro tecnológico y financiero local. La investigación fiscal deberá determinar si las transferencias denunciadas constituyeron servicios efectivamente prestados, acuerdos comerciales legítimos entre privados o si, por el contrario, integraron un esquema destinado a direccionar fondos relacionados con contrataciones del Estado.
Bajo la lupa de la Fiscalía
La causa penal exige ahora un peritaje exhaustivo de la trazabilidad financiera de Comitia e Itti para verificar la veracidad de los datos aportados por el exvicepresidente de Ueno Bank. Para el sistema institucional paraguayo, el caso no solo pone a prueba la transparencia de los procesos de compras públicas de alta tecnología electoral, sino también la capacidad de los órganos de control penal para deslindar responsabilidades en tramas corporativas complejas.
