La discusión sobre la solidez y la equidad en las reglas del juego del sistema financiero paraguayo sumó un nuevo capítulo de alta tensión institucional. La Asociación de Bancos del Paraguay (ASOBAN) volvió a cuestionar el alcance de las explicaciones brindadas por el Banco Central del Paraguay (BCP) ante los pedidos de informes del Senado y reclamó con firmeza mayor claridad sobre los criterios aplicados en la supervisión de las entidades. Para el gremio, el mero cumplimiento formal del requerimiento parlamentario no bastó para despejar las dudas de fondo sobre la exposición crediticia con empresas vinculadas y la aplicación de las normas prudenciales. La pregunta inevitable que surge tras este reclamo es de orden sistémico: ¿existen parámetros de control homogéneos para todos los actores de la banca o el criterio de supervisión varía según la entidad observada?
El foco de la controversia se centra en las operaciones de ueno bank con empresas vinculadas a su propio grupo económico. Aunque la banca matriz remitió al Congreso información sobre las verificaciones realizadas, los ajustes requeridos y la apertura de un sumario por la venta de una cartera de créditos, el gremio considera que persisten interrogantes cruciales. La inquietud técnica de la patronal bancaria apunta a evaluar si estas operaciones respetaron los límites previstos en la Ley de Bancos o si requirieron excepciones. En un mercado donde el crédito y la liquidez sostienen el ritmo del comercio, las decisiones y consumos de las familias, la certeza sobre la solidez de las instituciones resulta un activo imprescindible que trasciende las fronteras de las corporaciones.
Sustancia económica y rigor en el cálculo de solvencia
Uno de los argumentos centrales sostenidos por la Asoban es que la supervisión del BCP debe analizar la sustancia económica de las transacciones por encima de su simple forma jurídica, en concordancia con los estándares internacionales fijados por el Comité de Basilea. El gremio remarcó que las aclaraciones remitidas al Poder Legislativo carecieron, según su planteamiento, de la aprobación expresa del Directorio del BCP —la máxima autoridad institucional del regulador—, lo cual restó contundencia a las respuestas enviadas al Congreso.
A esta objeción se suma la exigencia de aplicar criterios de evaluación idénticos para el cálculo de la solvencia. Específicamente, la asociación solicitó informar sobre la situación de las entidades que recibieron facilidades en procesos de fusión, poniendo el acento en tres elementos técnicos clave: el reconocimiento de las pérdidas diferidas, el cálculo del patrimonio efectivo regulado por el artículo 56 de la Ley de Bancos y el tratamiento otorgado a las participaciones en firmas de un mismo grupo económico. La meta planteada es transparente: certificar si todos los bancos cumplen las exigencias bajo condiciones equivalentes.
Intervención oportuna versus la dilación sumarial
El punto de mayor firmeza doctrinaria planteado por la Asoban reside en la oportunidad de las medidas correctivas. El gremio sostiene que las acciones de regularización prudencial no deben quedar supeditadas a la conclusión de los procesos sancionatorios, los cuales suelen prolongarse por años en los estrados administrativos. Para fundamentar esta postura, citó la Ley N.º 2334/03, que faculta a la autoridad monetaria a exigir correcciones inmediatas de manera independiente a las sanciones finales que pudieran corresponder.
Postergar los ajustes mientras dura la tramitación de un sumario implica correr el riesgo de agravar los desequilibrios y trasladar incertidumbre a todo el mercado. Si bien el BCP informó al Senado que ueno bank ya ejecutó adecuaciones para encuadrar sus exposiciones crediticias dentro de los límites legales, la Asoban insiste en que el regulador debe transparentar el alcance real de esas medidas. En este aspecto, el gremio establece una distinción conceptual oportuna: el secreto bancario resguarda rigurosamente los datos de los clientes, pero no debe ser utilizado como una muralla para ocultar los parámetros con los que la Superintendencia de Bancos juzga y corrige a las entidades.
Un reto directo a la credibilidad del regulador
Ante las suspicacias sobre posibles disputas de mercado, la Asoban rechazó que su reclamo obedezca a una competencia comercial e informó que presentó sus observaciones por escrito y vía canales institucionales ante el BCP en junio de 2025 y septiembre de 2026, antes de tomar trascendencia pública. El comunicado recordó además que el sistema cuenta con el respaldo del Fondo de Garantía de Depósitos para la protección de los ahorristas, pero enfatizó que la mejor prevención consiste en la aplicación estricta y oportuna de las normas.
El escenario deja planteado un desafío ineludible para el BCP. Explicar con precisión metodológica las decisiones adoptadas no vulnera la reserva legal; por el contrario, fortalece la confianza técnica en la institución. La estabilidad del sistema financiero paraguayo no depende únicamente de la solvencia de sus integrantes, sino de la certidumbre de que la ley y los controles se aplican a todos con el mismo rasero.