El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, dispuso la apertura de una nueva causa penal para investigar supuestos hechos de lavado de dinero que involucran a directores del Banco Atlas y a referentes del entorno de Miguel Ángel Zaldívar. La decisión, oficializada a través de la Resolución n.º 4064, responde a denuncias formales presentadas por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), institución que señala serios indicios de irregularidades en la constitución de fideicomisos y en la ejecución de transacciones inmobiliarias dentro del sistema financiero local.
Para llevar adelante las pesquisas sobre estas nuevas conductas punibles, la máxima autoridad del Ministerio Público designó a los agentes de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Christian Benítez y Luz Guerrero. Este equipo de fiscales tendrá a su cargo la recolección de elementos probatorios, el peritaje de los instrumentos financieros señalados y el análisis técnico de la trazabilidad de los fondos. El objetivo central de la investigación penal será determinar si existieron responsabilidades individuales o colectivas en el manejo de activos cuyo origen requiere una rigurosa aclaración judicial.
El origen del caso: los fondos de Nicolás Leoz y la Conmebol
El trasfondo del caso denominado Atlas-Conmebol se centra en una trama penal impulsada por el propio organismo deportivo internacional por presunto lavado de dinero. El esquema matriz proviene de los desvíos y actos de corrupción atribuidos a su difunto expresidente, Nicolás Leoz, durante el período comprendido entre 2013 y 2016. Según la postura formal de la Conmebol, la entidad bancaria habría celebrado contratos de fideicomiso y diversas operaciones financieras con Leoz por varios millones de dólares, lo que en la práctica habría servido para blindar y ocultar patrimonio presuntamente ilícito obtenido durante su administración al frente del fútbol sudamericano, omitiendo los reportes y alertas que exige el sistema de prevención de lavado de activos.
Esta nueva investigación se suma al proceso formal cuya imputación fue presentada por la Fiscalía el 30 de octubre de 2025. En aquel expediente figuran procesados los principales directivos de la entidad financiera: Miguel Ángel “Miki” Zaldívar Silvera (presidente del Banco Atlas), Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Concepción Martínez Duarte, Eduardo Queiroz García y José Miguel Páez. Asimismo, la nómina de imputados alcanza a las herederas del fallecido dirigenciador deportivo: María Clemencia Pérez de Leoz, Celia Leoz de Cardozo y María Celeste Leoz de Riveiro.
Millonarias cifras y omisión de alertas de control
La dimensión económica de las operaciones bajo la lupa de la Justicia paraguaya revela montos de enorme magnitud para el mercado local. El esquema financiero indagado abarca maniobras por un total estimado que supera los USD 6 millones en fideicomisos (suma equivalente a unos G. 40.000 millones), además de depósitos directos en efectivo realizados por el propio Leoz entre enero y mayo de 2013 por USD 5,1 millones. A esto se añaden otras transferencias y colocaciones en instrumentos de ahorro que suman más de G. 23.000 millones y USD 2,1 millones distribuidos en cuentas particulares dentro de la propia institución bancaria.
Según la hipótesis del Ministerio Público, los directivos de la entidad financiera autorizaron la bancarización e integración al sistema formal de activos de origen ilícito desviados de la Conmebol.
La hipótesis central que sostiene la Fiscalía apunta a que los directivos de la entidad habrían autorizado la bancarización e integración al circuito formal de estos fondos. En concreto, se atribuye a los administradores del banco haber omitido los mecanismos de prevención de lavado de dinero y la debida diligencia al momento de aprobar la constitución de fideicomisos, la renovación de Certificados de Depósito de Ahorro (CDA) y la concreción de operaciones inmobiliarias a nombre de Nicolás Leoz y sus familiares directos. La gravedad de estas omisiones se acentúa al considerar que sobre Leoz ya pesaba una orden de captura internacional dictada en el marco de la investigación global conocida como “FIFA Gate”. La apertura de esta causa impone ahora evaluar con rigor técnico la responsabilidad institucional de las entidades reguladas frente a los controles anti-lavado.