El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) dispuso suspender de forma temporal las importaciones de aves vivas, huevos, productos de origen aviar y material genético provenientes del estado brasileño de Santa Catarina. La decisión se tomó de manera preventiva tras confirmarse un foco de la enfermedad de Newcastle en una granja comercial de pavos de engorde en el municipio de Nova Itaberaba. Esta medida busca proteger un sector productivo clave que sostiene miles de empleos en el mercado local y abastece el consumo diario de las familias paraguayas.
El choque sanitario en el vecino país enciende de inmediato las alarmas técnicas y comerciales. La determinación del organismo veterinario paraguayo quedó asentada en la Resolución N.º 1715, con fecha 20 de octubre de 2026. La medida responde a una notificación previa realizada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Brasil el pasado 18 de octubre, informe que también fue remitido de forma oficial a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA). Frente al riesgo que representa la propagación del virus, la autoridad local optó por aplicar el principio de precaución.
Un virus destructivo que amenaza la cadena productiva
La enfermedad de Newcastle es un cuadro viral altamente contagioso que ataca tanto a aves domésticas como silvestres. Provoca severos niveles de morbilidad y mortalidad en los galpones. Más allá del impacto biológico, el verdadero peligro de este patógeno radica en su capacidad para devastar la economía de la cadena avícola. Un eventual brote en suelo nacional acarrearía pérdidas cuantiosas para los productores de carne de pollo y huevo, además de desatar un cierre en cadena de los mercados internacionales que reciben la proteína paraguaya.
Para entender la dimensión del resguardo dispuesto por el Senacsa, conviene revisar los antecedentes del estatus nacional. Paraguay erradicó el virus de Newcastle en 1997 y obtuvo la declaración oficial como país libre de la enfermedad en el año 2000. Mantener esa condición intacta durante más de dos décadas demandó un rigor constante en la vigilancia epidemiológica. Ceder un milímetro en los controles fronterizos significaría arriesgar años de inversiones privadas y políticas públicas de sanidad animal.
Las reglas del bloqueo y las excepciones técnicas
El cierre de frontera para el rubro avícola santacatarinense no es irrestricto, pero sí riguroso. La resolución de Senacsa contempla salvedades operativas únicamente para aquellos productos procesados que cuenten con una certificación veterinaria oficial. Dicho documento debe acreditar de forma fehaciente que la mercadería fue sometida a tratamientos térmicos u otros procesos de inactivación del virus, además de garantizar que no existió riesgo de recontaminación en el trayecto, todo ajustado a los estándares de la OMSA.
Cualquier cargamento que pretenda ingresar al país bajo este régimen de excepción requerirá una autorización previa de la entidad reguladora local y deberá certificar el cumplimiento estricto de las exigencias nacionales. Con esto se busca evitar el desabastecimiento de insumos industriales específicos sin descuidar el cerco epidemiológico.
Evaluación continua y proyecciones para el mercado local
La duración de esta restricción de importación no tiene una fecha fija de caducidad. Según informaron desde el Senacsa, el levantamiento de la traba sanitaria quedará sujeto a una evaluación de riesgo actualizada. El seguimiento dependerá exclusivamente de la evolución de la situación epidemiológica en el estado de Santa Catarina y de la solidez de la información técnica que el gobierno brasileño comparta con la región.
A nivel doméstico, el blindaje sanitario apunta a garantizar que la oferta de carne de pollo y huevos no sufra alteraciones ni sobresaltos que puedan trasladarse a la canasta básica familiar. La lección que deja este episodio es clara: la rigurosidad en los controles de frontera no es un mero trámite burocrático, sino la primera línea de defensa de la producción nacional y de la estabilidad de precios para el consumidor final.