La tan anunciada reforma del sistema de transporte público en el Área Metropolitana vuelve a colisionar con la realidad de los plazos burocráticos y la gestión pública. Tras meses de discursos oficiales que prometían transformaciones drásticas e inmediatas, el Viceministerio de Transporte confirmó que la llegada del primer lote de colectivos nuevos se proyecta recién para octubre o noviembre de 2027. El hecho pone de manifiesto la brecha existente entre la urgencia diaria de miles de pasajeros y los tiempos de la administración estatal.
El viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, justificó los retrasos al señalar que el proceso requirió unas 40 reuniones con empresarios, operadores del sector, fabricantes y entidades financieras. Según el funcionario, estas mesas de trabajo resultaron necesarias para ajustar el pliego de bases y condiciones con el fin de estructurar un negocio atractivo e idóneo para el financiamiento privado.
El filtro financiero y tecnológico pendiente
Actualmente, el proyecto de pliego se encuentra a la espera de dictámenes decisivos. Por un lado, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) debe evaluar la viabilidad y los compromisos fiscales del esquema; por el otro, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) debe validar los componentes de control tecnológico previstos para las unidades.
Esta primera licitación contempla una inversión estimada en US$ 65 millones, bajo un esquema de pago en cuotas fijado a 12 años, plazo coincidente con el periodo de amortización de los buses. Un dato no menor en términos de gestión es que el diseño contractual y financiero fue elaborado de manera íntegra por técnicos de la propia institución, sin recurrir a consultorías externas.
“Tenemos un proceso que nos llevó más tiempo de lo esperado”, reconoció Fernández, aunque aseguró que la licitación se encuentra en la etapa final de autorizaciones.
Alcance acotado y controles en la primera etapa
Pese a la magnitud de las cifras, el impacto inicial no será masivo. La primera fase de la reforma se aplicará de manera gradual en un corredor específico. En dicha zona se prevé incorporar 100 buses cero kilómetros, incrementar las frecuencias de paso, optimizar los itinerarios habituales y cubrir tramos que hoy carecen de un servicio mínimo.
Para garantizar que la inyección de capital se traduzca en una mejora real para el usuario, las autoridades anuncian la implementación de sistemas tecnológicos de fiscalización. Estos dispositivos permitirán monitorear el cumplimiento estricto de los horarios y aplicar sanciones económicas —vía descuento de subsidios u otros mecanismos contractuales— a las empresas operadoras que incumplan las salidas programadas.
Un cronograma que pone a prueba la paciencia del usuario
Los plazos que restan por cumplir explican por qué la solución no será inmediata. Una vez que el MEF y el MITIC otorguen las autorizaciones correspondientes, el pliego permanecerá publicado durante unos dos meses para la recepción de ofertas. Posteriormente se desarrollarán las etapas de evaluación, adjudicación, fabricación y traslado de las unidades, fases cuyo financiamiento quedará a cargo de las firmas adjudicadas.
A pesar de que la meta fijada para finales de 2027 parece distante para quien padece a diario el deficiente servicio actual, el Viceministerio sostiene que busca acelerar las revisiones en curso para responder al mandato del presidente Santiago Peña. Resta ver si el ritmo institucional logra acoplarse a las exigencias de la ciudadanía o si la reforma continuará postergándose en el laberinto de la burocracia.