Las deudas de la administración pública con sus proveedores son un clásico de la gestión estatal paraguaya, pero cuando la mora afecta directamente la provisión de alimentos en las escuelas, la discusión deja de ser un mero trámite administrativo y se convierte en un problema social. La Cámara de Alimentación Escolar del Paraguay (CAEPY) advirtió formalmente que las gobernaciones registran atrasos que superan los 90 días en el pago por el servicio de almuerzo y merienda escolar, una situación que pone en jaque la estabilidad financiera de las empresas contratadas.
El reclamo del gremio, vertido a través de un comunicado oficial, expone una contradicción constante en las políticas públicas del país: la brecha entre los discursos oficiales sobre la prioridad de la educación e infancia y la realidad presupuestaria en el terreno. Las firmas proveedoras señalaron que enfrentan una fuerte presión financiera y operativa para sostener la entrega diaria de insumos en los establecimientos educativos sin recibir las transferencias correspondientes a tiempo.
Efecto cadena sobre la provisión y el comercio
El mecanismo de provisión escolar exige a las empresas mantener una logística ininterrumpida y cumplir con estándares de calidad nutricional. Sin embargo, la falta de liquidez provocada por la mora de más de tres meses dificulta que las compañías puedan cumplir con sus propios compromisos comerciales, afectando la cadena de pagos a productores locales, distribuidores y trabajadores del sector.
Desde la CAEPY enfatizaron que garantizar insumos de calidad resulta fundamental para el desarrollo y la nutrición de los alumnos. No obstante, remarcaron que el esfuerzo operativo resulta insostenible si el Estado no garantiza la previsibilidad mínima que requiere cualquier actividad económica. La pregunta de fondo es hasta qué punto las pequeñas y medianas empresas del rubro pueden seguir apalancando con recursos propios un servicio fundamental que corresponde al presupuesto público.
En búsqueda de previsibilidad
Lejos de anunciar la suspensión inmediata de las prestaciones, el gremio optó por una postura de negociación al manifestar su respeto por los procesos administrativos del sector público. Sin embargo, consideró indispensable la creación de una mesa de respuesta o la fijación de un calendario estimado de desembolsos que brinde certeza a las contratistas.
“Si bien manifestó su respeto por los procedimientos administrativos del Estado, el gremio consideró necesario habilitar una mesa de respuesta o definir un calendario estimado de desembolsos que brinde previsibilidad a los proveedores.”
Finalmente, la organización empresarial reiteró su disposición al diálogo con las instituciones estatales para articular soluciones que eviten la interrupción del servicio alimentario. La pelota queda ahora en la cancha de los gobiernos departamentales, que deberán demostrar si la alimentación escolar es efectivamente una prioridad de gestión o simplemente un compromiso que se posterga trimestre a trimestre.