La Fiscalía de Delitos Económicos imputó al expresidente de Petróleos Paraguayos (Petropar), Eddie Jara, por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito, tras detectar una inconsistencia patrimonial no justificada que asciende a G. 5.399 millones. La causa, que también salpica a su entorno familiar directo, expone una mecánica de consumos y movimientos bancarios que superó con creces la capacidad financiera del ex alto funcionario estatal.
Las inconsistencias en el patrimonio del ex titular de Petropar
El proceso penal tiene su origen en una investigación iniciada en marzo de este año, derivada de un examen de correspondencia realizado por la Contraloría General de la República sobre las declaraciones juradas de Jara. El análisis detallado de sus activos y pasivos arrojó diferencias sustanciales entre los ingresos percibidos en la función pública y el flujo de dinero registrado en el sistema financiero.
Según el requerimiento fiscal firmado por la agente Yeimy Adele, el periodo bajo la lupa abarca las operaciones comprendidas entre agosto de 2023 y marzo de 2026. En ese lapso, los peritos identificaron depósitos bancarios y aplicaciones de efectivo por un total de G. 5.547 millones cuyo origen legítimo no pudo ser sustentado mediante la documentación contable ni los registros de sueldos examinados.
El expediente detalla que el dinero sin justificar fue destinado principalmente al pago de tarjetas de crédito, la cancelación anticipada de préstamos y la adquisición de vehículos. Los investigadores remarcaron un dato revelador: en determinados periodos, el monto de las cuotas mensuales de créditos que saldaba Jara superaba el total de su salario como titular de la petrolera estatal, lo que encendió las alarmas de los organismos de control.
Imputación por lavado y pedido de medidas cautelares
La imputación fiscal se extiende a la exesposa del exfuncionario, procesada por la supuesta comisión de lavado de dinero. De acuerdo con el dictamen del Ministerio Público, la mujer habría recibido, transferido e integrado al circuito formal fondos vinculados a las operaciones investigadas, sin contar con la capacidad financiera declarada para respaldar dichos movimientos.
A fin de garantizar la sujeción de los imputados al proceso y proteger eventuales bienes para un posterior comiso, la fiscala Adele solicitó al juzgado la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva. Entre los requerimientos figuran la obligación de comparecer de manera periódica ante el juzgado, la prohibición estricta de salir del país y el embargo preventivo sobre cuentas bancarias y vehículos registrados a nombre de los procesados.
Desde la representación fiscal precisaron que las cifras analizadas corresponden de manera exclusiva a transacciones trazables dentro del sistema bancario formal. Por ende, la investigación no contempla posibles operaciones o pagos realizados en efectivo que no dejaron huella en los registros financieros, un factor recurrente en el examen de la administración de los recursos públicos.