Más de 158 millones de brasileños están habilitados para acudir a las urnas este domingo para elegir al próximo presidente entre el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro. Ambos candidatos llegan a la segunda vuelta tras una campaña marcada por acusaciones cruzadas de corrupción, la sombra de la abstención y dos visiones del Estado y la economía diametralmente opuestas. Las mesas de votación abren a las 8:00 y cierran a las 17:00 (hora de Brasilia), momento en que comenzará el escrutinio oficial para definir el rumbo político de la mayor economía de la región.
El escenario plantea un desafío político sin precedentes recientes. En la primera vuelta, Flávio Bolsonaro, representante del Partido Liberal (PL), se impuso con el 47,03% de los votos sobre Lula da Silva, candidato del Partido de los Trabajadores (PT), quien obtuvo el 45,16%. Para el líder petista, de 80 años, una victoria significaría lograr algo inédito en la historia democrática brasileña desde 1989: revertir un resultado adverso y ganar el Palacio de Planalto tras haber quedado en segundo lugar en la primera ronda.
El mapa electoral y el factor decisivo de la abstención
La clave de esta definición reside en la disputa por un universo de 48,1 millones de electores —que representan el 30,5% del padrón— que en la primera ronda optaron por candidatos minoritarios, votaron en blanco, anularon su voto o no se presentaron a votar. La capacidad de movilizar a estos votantes apáticos o indecisos determinará el equilibrio final en una contienda con márgenes sumamente estrechos.
En ese contexto, la tasa nacional de abstención, que alcanzó el 21% en la primera vuelta, se perfila como la gran variable crítica. Con niveles de inasistencia que oscilaron entre el 5% y el 40% según el municipio, el margen de crecimiento de Lula se advierte acotado en el Nordeste, su tradicional bastión donde la participación ya fue alta. Por el contrario, en regiones más pobladas del sur como Rio Grande do Sul y Mato Grosso do Sul, donde se impuso el candidato opositor, la abstención fue más pronunciada, lo que abre una ventana de oportunidad para el PL si logra movilizar a sus simpatizantes.
A este escenario de incertidumbre se suma el peso de Minas Gerais, el segundo colegio electoral del país con 16,3 millones de votantes. La historia política moderna de Brasil muestra una constante: ningún presidente electo tras el retorno democrático ha llegado al poder sin triunfar en ese estado, donde Bolsonaro aventajó a Lula por cinco puntos porcentuales en la primera vuelta.
Modelos económicos e institucionales en pugna
Las propuestas de ambos aspirantes no solo reflejan antagonismos ideológicos, sino también estrategias disímiles para cautivar el bolsillo del votante en los días previos a la elección. Flávio Bolsonaro concentró sus discursos en la agenda de seguridad y la lucha contra el narcotráfico, prometiendo condenas de hasta 80 años de prisión para líderes de organizaciones criminales. Paralelamente, acusó al oficialismo de corrupción e impulsó medidas ante el Tribunal Superior Electoral cuestionando el uso de canales oficiales de comunicación por parte del Gobierno.
Por su parte, Lula reaccionó desplegando un paquete de medidas económicas de fuerte impacto social y fiscal. Poco antes de la elección, la administración promovió la aprobación en el Congreso de la reducción de la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales sin reducción de salario, así como un incremento del 15% en el programa Bolsa Família, alcanzando a cerca de 50 millones de personas con un costo estimado de 5.800 millones de reales (unos 1.168 millones de dólares). La estrategia del oficialismo incluyó también exenciones tributarias a los combustibles por 5.200 millones de reales (1.047 millones de dólares) y planes de renegociación de deudas, buscando aliviar el costo de vida a corto plazo a expensas de un mayor gasto público.
Más allá de las promesas de campaña, el descontento social generado por escándalos de corrupción recientes —como el caso Banco Master, que salpicó a sectores del sistema político y judicial— sembró cierto desinterés en parte de la ciudadanía. La contienda deja planteada una interrogante que va más allá de quién ocupará la Presidencia: si el candidato que resulte victorioso logrará construir la gobernabilidad y la confianza necesarias en una sociedad profundamente dividida.