La resolución adoptada por la Corte Suprema de Justicia para cubrir cargos de actuarios y jefaturas en Alto Paraná mediante concursos estrictamente internos abrió una grieta jurídica e institucional de alcance insospechado. Lo que formalmente se presentó como un trámite administrativo de promoción profesional menace con consolidar un modelo corporativo a nivel nacional, luego de que el Sindicato de Funcionarios Judiciales del Paraguay (SIFJUPAR) solicitara formalmente replicar la medida en todas las circunscripciones del país. El debate de fondo no es menor: ¿se garantiza la idoneidad y el derecho constitucional de acceso a la función pública, o se blinda una estructura a favor de quienes ya forman parte del sistema?
Una votación dividida que expone la brecha interna
El origen de la medida se remonta a la sesión plenaria del miércoles 21 de octubre, impulsada por el ministro César Diesel, superintendente de la Sexta Circunscripción Judicial, a partir de la nota nº 301/2026 elevada por la presidenta del Consejo de Administración de Alto Paraná, camarista Juana Bertha Ávalos Agüero. La propuesta busca cubrir vacancias clave mediante llamados reservados exclusivamente al personal judicial, con proyecciones de efectivización hacia febrero de 2027.
La discusión en la máxima instancia judicial reflejó de inmediato la fragilidad jurídica de la propuesta. Durante el debate, el ministro Manuel Ramírez Candia sostuvo con firmeza que el principio constitucional de igualdad exige convocatorias abiertas a la ciudadanía. Su posición sumó inicialmente los votos de Víctor Ríos, Gustavo Santander y Eugenio Jiménez Rolón. En la vereda opuesta, la postura corporativa de limitar los llamados fue defendida por César Diesel, Carolina Llanes, Luis Benítez Riera y el titular del máximo tribunal, Alberto Martínez Simón.
Tras un primer empate de cuatro votos por lado, la salida de Ramírez Candia del pleno derivó en una segunda votación donde la modalidad cerrada se impuso por cuatro votos contra tres. La apretada resolución dejó expuesta una contradicción severa frente a los artículos 46, 47 y 101 de la Constitución Nacional, que consagran la igualdad ante la ley, el acceso a los cargos públicos sobre la base de la idoneidad y el derecho indiscutible de todo ciudadano paraguayo a postular a la función pública.
El gremio presiona por la expansión nacional
Lejos de quedar como una excepción territorial, la delegatura de la Sexta Circunscripción del SIFJUPAR presentó una nota dirigida al presidente de la Corte Suprema para exigir que el criterio de concursos cerrados se aplique en todo el territorio paraguayo. La argumentación del gremio apela a la valoración de la carrera judicial y a la experiencia acumulada en los sistemas de gestión interna.
El argumento gremial resulta comprensible desde el interés sectorial, pero plantea un dilema ético e institucional severo. Al aislar las convocatorias superiores de la competencia exterior, la institución le cierra las puertas a miles de profesionales independientes, abogados litigantes y académicos capacitados que quedan automáticamente excluidos del sistema por el solo hecho de no integrar la nómina salarial del Poder Judicial.
El peligro latente: blanquear el interinazgo y el padrinazgo
El aspecto más crítico del dictamen radica en las condiciones reales de competencia interna. Existen graves advertencias sobre la utilización de matrices de evaluación diseñadas para favorecer a funcionarios que actualmente ocupan cargos superiores mediante designaciones directas e interinas.
Según las denuncias recabadas, esquemas de puntuación utilizados en convocatorias previas —como las de 2022 y 2024— permitieron otorgar hasta diez puntos adicionales a quienes ya ejercían de forma temporal el cargo concursado. En la práctica, esto implica una distorsión del concurso: un funcionario designado digitalmente o por padrinazgo político arrancaría la competencia con una ventaja matemática decisiva sobre cualquier otro postulante, sin importar su antigüedad real o su legajo académico.
El riesgo de fondo es transformar los concursos en meros trámites de blanqueo para nombramientos interinos preconcebidos.
Si la Corte Suprema cede a la presión gremial y extiende este esquema a todo el país, el sistema de justicia corre el riesgo de convertir el mérito en un simple trámite decorativo. Resta saber si el máximo tribunal revisará las matrices de evaluación para privilegiar la idoneidad estricta o si, por el contrario, terminará validando un circuito cerrado de privilegios.