La Mesa Directiva de la Cámara de Senadores resolvió iniciar formalmente el proceso para evaluar la pérdida de investidura de la legisladora Zenaida Delgado (ANR), tras escuchar el testimonio de exfuncionarias de su despacho que denunciaron haber sido víctimas de exigencias de dinero, cobro de “peajes” y presiones financieras a cambio de contrataciones y nombramientos en el Poder Legislativo.
El caso, que pasa de la sospecha habitual a la exhibición de elementos materiales concretos, expone una práctica reiterada pero pocas veces documentada con tal precisión en el ámbito parlamentario: la exigencia de contraprestaciones económicas a subordinados a cambio de la estabilidad en el cargo público.
Pruebas documentales y acusación formal
La senadora Lilian Samaniego (ANR) confirmó la determinación del cuerpo legislativo luego de una audiencia donde las afectadas presentaron documentación bancaria, pagarés y testimonios directos. Las denunciantes señalaron que se les exigía la gestión de créditos por montos de hasta G. 50 millones para acceder a los cargos en el Congreso, tras lo cual, según el relato, la propia legisladora solicitaba la desvinculación de los afectados.
La gravedad del mecanismo expuesto radica no solo en el uso de los salarios públicos como moneda de cambio, sino en la vulnerabilidad impuesta a los funcionarios contratados bajo este esquema.
“Las pruebas son irrefutables. Usando la plata de los propios funcionarios, haciendo préstamos de G. 50 millones para pagar por su nombramiento, que después ella misma pidió que se les desvincule. Es gravísimo. Tengo 24 años de ser senadora, muchas cosas ya pasé, pero esto me supera; tengo vergüenza de mujer”, aseveró Samaniego.
El trasfondo político en la Cámara Alta
El anuncio cobró peso político al confirmarse que el propio presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, respaldó la decisión de no frenar el juzgamiento de su colega de bancada. De acuerdo con Samaniego, la existencia de elementos probatorios de carácter oficial marca la diferencia respecto a otros intentos previos de sanción parlamentaria dentro de la cámara.
“El presidente dijo que va a llevar adelante la pérdida de investidura. Es un compromiso, no de Bachi, sino de la Mesa Directiva. En esta ocasión actúa la política porque eso es lo que nos corresponde, y esperamos que la justicia llegue hasta las últimas consecuencias”, enfatizó la parlamentaria.
El avance del trámite administrativo para retirar la investidura pondrá a prueba la solidez del bloque oficialista y el alcance de las responsabilidades penales que el Ministerio Público deberá determinar a partir de las pruebas documentales arrimadas por las denunciantes.