La emisión indiscriminada de diplomas universitarios sin el debido respaldo académico dejó de ser un problema marginal para convertirse en una crisis institucional que compromete de forma directa el desarrollo de Paraguay. En los últimos tres años, más de 100.000 títulos universitarios provinieron de carreras que no cuentan con la acreditación de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes). La cifra no solo abruma por su magnitud, sino que plantea la pregunta de fondo que las autoridades ya no pueden eludir: ¿cuál es el valor real del capital humano que el país presenta al mundo?
El dato surge de un relevamiento institucional sin precedentes. Según explicó el presidente de la Aneaes, José Duarte Penayo, la entidad realizó un informe técnico mediante el cruce de datos entre el catastro de carreras del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), el registro de títulos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y las carreras efectivamente acreditadas por la propia Aneaes. El resultado expone una masa de graduados inserta en el mercado laboral cuyo nivel de formación formal carece de certificación de calidad.
El trasfondo de un problema estructural
Si bien la falta de acreditación no equivale automáticamente a la falsificación documental en todos los casos, el escenario configura un terreno fértil para el fraude y la mediocridad técnica. Las sospechas sobre la validez de estos procesos no son infundadas, especialmente tras las recientes revisiones de la Contraloría General de la República, que identificaron más de 1.000 títulos directamente falsos en la función pública. Para la Aneaes, ese hallazgo del órgano de control es apenas una muestra parcial de una distorsión mucho más profunda.
Sobre este punto, José Duarte Penayo advirtió en declaraciones a la emisora 1020 AM que el universo analizado requiere una investigación exhaustiva por parte de las instancias correspondientes:
“Hicimos un informe técnico cruzando el catastro de carreras del Cones, registro de títulos del MEC y las carreras acreditadas por la Aneaes, y hemos evidenciado que en los últimos tres años se han registrado más de 100.000 títulos procedentes de carreras no acreditadas. Estoy seguro que en ese universo, si existe una investigación, se va a encontrar una situación mucho más grave”.
La proliferación de ofertas académicas de dudosa solvencia no solo perjudica al graduado que invirtió tiempo y recursos financieros en una formación deficiente. Impacta de lleno en la competitividad económica y en la seguridad ciudadana, considerando que entre estas unidades académicas figuran profesiones de alta responsabilidad social, como las ciencias de la salud, la ingeniería y el derecho. La confianza en los profesionales locales se erosiona tanto en el plano local como en el ámbito internacional.
Exigencia de controles y costo institucional
La respuesta estatal ante este diagnóstico ha tropezado históricamente con entramados burocráticos y vacíos legales que terminaron dilatando las sanciones. Las instituciones reguladoras han convivido con medidas cautelares y ambigüedades normativas que permitieron a diversas universidades seguir matriculando estudiantes y expidiendo títulos sin cumplir con los estándares mínimos que exige la ley.
Frente a este escenario, el titular de la Aneaes remarcó la necesidad de suspender la pasividad reglamentaria y actuar con la firmeza que la gravedad del caso requiere:
“Esta realidad golpea fuertemente las expectativas que tienen muchos jóvenes, golpea la imagen de nuestro país y las medidas deben ser aleccionadoras, fuertes. Los organismos del Estado no se pueden escudar en formalismos jurídicos. El valor del diploma, el valor de la educación superior, la credibilidad del país está en juego de fondo ante el inmenso desafío en materia de desarrollo y fortalecimiento del capital humano”.
El informe elaborado por la Aneaes será remitido a los organismos correspondientes para determinar la trazabilidad de los títulos emitidos y delimitar las responsabilidades administrativas y penales. Resta ver si la voluntad política del Ejecutivo y del sistema judicial acompañará los hallazgos con intervenciones definitivas, o si la educación superior continuará operando bajo la sombra de la condescendencia oficial.