El presidente en ejercicio ratificó en su cargo al ministro de Educación, pese a los cuestionamientos y la crisis desatada por las irregularidades en el registro de títulos académicos.
El Ministerio Público indaga un listado inicial de 1.090 títulos sospechosos remitido por la Contraloría. El foco no solo debe estar en los funcionarios que cobraron bonificaciones de forma indebida, sino en la red institucional que facilitó los cartones.
La Contraloría notificó a 381 instituciones tras el pedido del Congreso. Las primeras verificaciones revelan entes sin legajos de su personal y abren la vía a denuncias penales.
A los 1.090 títulos sin respaldo detectados por la Contraloría se suman cerca de 100.000 diplomas expedidos por carreras no acreditadas, en un escenario que expone graves fallas de fiscalización.
Un informe técnico de la Aneaes detectó más de 100.000 diplomas universitarios emitidos por carreras no acreditadas en tres años. La crisis pone en jaque la calidad de los profesionales paraguayos y exige medidas contundentes del Estado.
La agente del Ministerio Público advierte que la falta de controles en la educación superior responde a complicidades de fondo. Propone frenar nuevas habilitaciones para auditar las carreras ya existentes.
