La Contraloría General de la República (CGR) inició un examen masivo a la validez de los títulos de grado y posgrado presentados por los funcionarios públicos en todo el aparato estatal. La fiscalización, que abarca desde ministerios y municipios hasta el Congreso Nacional y el Poder Judicial, pone bajo la lupa la idoneidad documental de miles de profesionales en el sector público. Más allá del eventual fraude individual, la primera fase del control ya deja al descubierto una falencia estructural: la incapacidad histórica del propio Estado para saber quiénes integran su nómina y bajo qué credenciales académicas cobran sus salarios.
El auditor forense de la Contraloría, Leandro Villalba, confirmó que la institución procedió a notificar y requerir datos a 381 instituciones públicas. La nómina de entes requeridos incluye a las administraciones del Gobierno Central, entidades descentralizadas, las 17 gobernaciones, las municipalidades del país, el Poder Judicial, el Congreso y los órganos extrapoderes. A todas se les exigió la entrega detallada de las listas de personal profesional, acompañadas por las copias de sus respectivos títulos de grado y posgrado.
El desorden administrativo como antesala de la irregularidad
La intervención del órgano de control no surgió por iniciativa propia, sino como un encargo directo de la Comisión de Investigación de Títulos Falsos del Congreso Nacional. Ante la dimensión de lo que podría constituir un caso sistemático de vulneración de la fe pública y uso ilegítimo de recursos estatales, la CGR conformó tres equipos técnicos de trabajo dedicados exclusivamente a procesar la documentación. Sin embargo, el primer obstáculo no fue la verificación universitaria, sino la burocracia interna.
Según explicó el propio Villalba, la recepción progresiva de los informes evidenció un pronunciado desorden administrativo. Varias instituciones públicas ni siquiera contaban con registros o legajos conformados de su personal profesional. Este hallazgo inicial expone una grave falla en la gestión del talento humano en la función pública: se asignaron rubros profesionales y salarios diferenciados sin contar con el respaldo documental mínimo en los archivos de las dependencias.
Como antecedente directo de este esquema de control, como informó este medio Títulos falsos en el Estado: la Contraloría detecta más de 1.000 casos y la crisis expone fallas del sistema, el volumen de inconsistencias ya venía mostrando señales de alerta en fiscalizaciones previas, donde las fallas del sistema de verificación entre las universidades y los entes de contratación quedaron al desnudo.
Cruzamiento de datos y derivación a la Fiscalía
Actualmente, los equipos técnicos de la Contraloría avanzan en la etapa de clasificación y ordenamiento de miles de carpetas. Los documentos están siendo agrupados por cada universidad emisora con un objetivo concreto: cruzar la información directamente con los registros oficiales del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) para determinar la autenticidad académica de las carreras y las promociones expedidas.
El alcance de esta auditoría no culminará en un mero informe de gestión interna. Villalba remarcó que, de confirmarse las irregularidades en la validez académica de los documentos presentados para acceder a cargos o cobrar bonificaciones profesionales, los antecedentes y dictámenes forenses correspondientes se remitirán de forma inmediata al Ministerio Público para la apertura de causas penales por cobro indebido de honorarios, producción de documentos no auténticos u otros delitos derivados.
El cruce de datos masivo que ejecuta la Contraloría plantea una interrogante que va más allá de la sanción a los funcionarios infractores: expone la urgencia de establecer filtros rigurosos y centralizados al momento de la contratación estatal, un área donde el descontrol administrativo ha funcionado durante años como puerta de acceso a la prebenda y la desnaturalización de la carrera civil.